Congresistas del Centro Democrático presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que advierten sobre una grave crisis estructural que pondría en riesgo la transparencia de las elecciones en Colombia para el periodo 2025-2026. La delegación estuvo integrada por María Angélica Guerra, José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, junto al abogado Víctor Mosquera.
El documento expone un escenario marcado por violencia política, control territorial de grupos armados ilegales y desinformación, factores que —según el informe— comprometen la libertad del voto y la participación democrática. De acuerdo con el análisis, al menos 339 municipios estarían bajo influencia de estructuras como disidencias de las FARC, ELN y AGC, mientras que en ocho meses de 2025 se registraron 174 violaciones de derechos humanos con fines electorales.
Uno de los puntos más sensibles del informe es la correlación señalada en 126 municipios afectados por el conflicto armado, donde se concentra más del 54 % de la votación del Pacto Histórico, lo que, según los denunciantes, podría evidenciar incidencia de control ilegal en los resultados políticos.
En materia de seguridad, los congresistas alertaron por un recrudecimiento de la violencia contra la oposición, con 17 homicidios, 53 intentos de asesinato y 89 amenazas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Entre los hechos más graves mencionaron el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y las amenazas contra la precandidata presidencial Paloma Valencia.
El informe también denuncia presuntas estrategias de desinformación, estigmatización digital y uso indebido de recursos públicos, así como limitaciones en el acceso equitativo a medios de comunicación, lo que profundizaría la desigualdad entre el Gobierno y la oposición.
Finalmente, la delegación hizo un llamado a la comunidad internacional para ejercer vigilancia sobre el proceso electoral colombiano y advirtió que, sin medidas urgentes, el país podría enfrentar una crisis de legitimidad democrática.