El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, anuló este miércoles la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena, tras determinar que incurrió en doble militancia política al apoyar públicamente a candidatas de un partido distinto al suyo durante la campaña de 2023.
En una decisión de 53 páginas, el alto tribunal revocó la credencial de Martínez, quien fue elegido por el partido Fuerza Ciudadana, al concluir que vulneró el régimen de lealtad partidaria al respaldar a María Charris y Miguelina Pacheco, aspirantes del Partido de la U, durante un evento político realizado en septiembre de 2023 en la Villa Olímpica de Santa Marta.
Según el fallo, existen registros en video —difundidos por el medio local Opinión Caribe— en los que se observa a Martínez participando activamente en el acto junto a las candidatas. En dichas imágenes, el entonces mandatario no solo expresó su apoyo a las aspirantes, sino que pidió a los asistentes replicar el mensaje fuera del evento, hecho que fue interpretado por el Consejo como un acompañamiento explícito a otra colectividad.
Aunque Martínez negó en audiencia haber promovido candidaturas ajenas a su partido, las pruebas recabadas fueron suficientes para que la corporación judicial concluyera que sí se había quebrantado la norma que prohíbe la doble militancia, especialmente cuando la propia organización de Martínez tenía listas inscritas para cargos en la Asamblea del Magdalena y el Concejo de Santa Marta.
Además, el fallo destaca la presencia en el evento de figuras visibles de Fuerza Ciudadana, como Patricia Caicedo —hermana del exgobernador Carlos Caicedo y entonces candidata a la Alcaldía de Santa Marta—, así como el uso de símbolos y colores asociados a ese partido, lo que sugiere una coordinación entre las dos fuerzas políticas.
Con esta decisión, se abre el camino para que el Consejo Nacional Electoral inicie el trámite correspondiente para convocar nuevas elecciones o designar un reemplazo temporal, mientras Fuerza Ciudadana y sus opositores asimilan el impacto político de esta determinación judicial.