En una decisión definitiva, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la empresa Publicidad Lozano & Cía. S.A.S., que buscaba una indemnización superior a $42.900 millones contra el Distrito de Santiago de Cali.
Además de rechazar la millonaria reclamación, el alto tribunal impuso a la demandante el pago del 3 % de sus pretensiones, es decir, cerca de $1.287 millones por concepto de costas procesales.
La empresa alegaba una supuesta afectación económica derivada del Acuerdo 0436 de 2017, norma que congeló el registro de nuevas vallas publicitarias con el objetivo de combatir la saturación visual y proteger el paisaje urbano de la ciudad.
Sin embargo, el tribunal determinó que no existió un “daño especial”, al considerar que las normas de ordenamiento urbano constituyen cargas generales que deben ser asumidas por todos los ciudadanos y empresas en beneficio del interés común.
El fallo ratifica que el ejercicio de la potestad reglamentaria en actividades económicas reguladas, como la publicidad exterior, no configura un perjuicio indemnizable, sino una condición propia del desarrollo de ese tipo de actividad comercial.
Cristóbal Martínez, abogado defensor del caso, señaló que se logró demostrar que la empresa pretendía obtener un beneficio pese a no haber cumplido previamente con los registros exigidos por la normativa local antes de instalar sus vallas.
Por su parte, Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, calificó la decisión como un hito para la administración distrital, al proteger recursos que, según explicó, equivalen a inversión social prioritaria para la ciudad.
El fallo no solo evita que el Distrito pague una suma cercana a los $43.000 millones, sino que le permitirá recuperar parte de los recursos invertidos en la defensa judicial.
Con esta decisión, quedan blindadas jurídicamente las políticas de ordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental, y se envía un mensaje sobre la protección del presupuesto público frente a litigios sin sustento técnico o legal.
La sentencia representa una victoria financiera y jurídica para Cali, al salvaguardar recursos que podrán destinarse al bienestar colectivo en lugar de cubrir reclamaciones desestimadas por la justicia.