En un pronunciamiento inusual y contundente, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado su rechazo a las críticas reiteradas del presidente Gustavo Petro sobre los fallos judiciales emitidos por esa alta corporación. Esta declaración agudiza las tensiones preexistentes entre las cortes y el mandatario, cuyas diferencias ideológicas han provocado enfrentamientos durante el año.
Los magistrados del Consejo de Estado describieron las declaraciones de Petro como “graves, sistemáticos e irrespetuosos”, afirmando que estos comentarios cuestionan “la honorabilidad, integridad y eficacia” de la corporación. En su comunicado, los jueces manifestaron un “contundente rechazo” tanto hacia la opinión pública como a los organismos internacionales.
Contexto Reciente:
El último episodio de esta disputa ocurrió la semana pasada cuando el presidente Petro criticó un fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, Boyacá. Petro calificó la decisión como “perfidia”, argumentando que se trata de un intento de bloquear las iniciativas de su gobierno al afirmar: “Así detienen a la juventud que gana elecciones, así detienen el voto popular.”
Antecedentes:
No es la primera vez que el mandatario ha cuestionado al Consejo de Estado. Anteriormente, había criticado una decisión de la Sala de Consulta que confirmaba la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar los topes de financiación de su campaña presidencial en 2022, lo que parece haber exacerbado la situación hasta un punto de ruptura.
Respuesta del Consejo de Estado:
En su respuesta, el Consejo de Estado defendió su autonomía e independencia, rechazando las acusaciones de Petro de que sus decisiones son influenciadas por intereses políticos. La corporación aclaró que sus sentencias y conceptos se basan en análisis jurídicos rigurosos y no en presiones políticas: “Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta Corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial.”
Los magistrados también advirtieron sobre el impacto de estas declaraciones, pidiendo al presidente moderación en sus comentarios para no poner en riesgo la seguridad de los miembros del tribunal ni perjudicar la confianza pública en las instituciones judiciales.
Conclusión:
La declaración del Consejo de Estado subraya la necesidad de un discurso público que respete la independencia judicial, esencial para el mantenimiento de la democracia y el estado de derecho en Colombia. La Sala Plena instó al presidente a actuar con la responsabilidad que su cargo exige, evitando declaraciones que podrían socavar la confianza institucional y la seguridad de los jueces.
Este enfrentamiento refleja una crisis de confianza entre ramas del poder que podría tener implicaciones significativas en el equilibrio de poderes dentro del marco constitucional colombiano.