El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional buscaba convocar a una consulta popular a nivel nacional. La medida, adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, frena temporalmente una de las iniciativas políticas más controvertidas del presidente Gustavo Petro, a la espera de un fallo definitivo sobre la legalidad del acto administrativo.
Según el pronunciamiento del Consejo de Estado, el decreto fue expedido sin cumplir los requisitos constitucionales esenciales, en particular, la falta del concepto previo favorable del Senado de la República, exigido por el artículo 104 de la Constitución Política para convocar este tipo de mecanismos de participación ciudadana.
“Se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo a una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, indicó la corporación judicial.
La suspensión fue decretada como medida cautelar en respuesta a una solicitud del demandante, en aplicación del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad admitida contra el decreto.
El Consejo de Estado también confirmó la competencia de la Sección Quinta para conocer el caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1 del CPACA y los artículos pertinentes del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien celebró la decisión del Consejo de Estado y recordó que ella misma interpuso una acción de nulidad contra el decreto suspendido.
“Extraordinaria noticia. Es deber de las altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional, defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Debo recordar que interpuse acción de nulidad contra ese decreto. Petro no está por encima de la Constitución y la Ley”, escribió la congresista en su cuenta de X.
La decisión del alto tribunal representa un nuevo obstáculo para el gobierno Petro en su intento de llevar adelante reformas estructurales a través de mecanismos de participación directa, una estrategia que ha generado críticas por parte de sectores políticos y jurídicos que advierten un posible debilitamiento institucional.