El Gobierno Nacional estaría a punto de firmar un decreto para convocar una consulta popular sobre sus reformas sociales, aun sin contar con el aval del Senado. La decisión ha desatado una fuerte controversia y, según varios expertos y dirigentes políticos, podría llevar al país a una crisis institucional sin antecedentes recientes.
Alexander Vega, exregistrador nacional y actual codirector del Partido de la U, fue claro y directo: “Si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, la Registraduría no puede expedir un calendario electoral porque le faltaría el concepto favorable del Senado”. Vega advirtió que avanzar en esa dirección sería “abiertamente ilegal” y pondría al presidente Gustavo Petro en riesgo de enfrentar cargos por prevaricato.
“El presidente no puede firmar un decreto sin ese aval. La Registraduría estaría atada de manos. No podría organizar ni siquiera el calendario electoral”, señaló Vega, quien recordó que todos los mecanismos de participación ciudadana requieren cumplir con pasos legales muy específicos. “No se puede pasar por encima del Congreso sin consecuencias jurídicas”, remató.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no ahorró palabras para expresar su preocupación. Afirmó que esta intención del Gobierno representa una “ruptura de los poderes públicos” y lanzó una advertencia seria: “Esto no es solo contra el Legislativo, que rechazó legítimamente la convocatoria, sino también contra el poder judicial. He escuchado a algunos senadores hablar incluso de un ‘golpe de Estado’. No exageran”.
Cepeda también cuestionó la falta de claridad sobre una segunda consulta popular radicada por el Gobierno recientemente. “¿Van a insistir con otra? ¿La van a retirar? Que se lo comuniquen al país con seriedad”, exigió.
En medio del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes que el decreto ya está listo y será publicado antes del 12 de junio. “Ya está listo el borrador. Esta tarde nos reuniremos con expertos, exmagistrados y constitucionalistas para revisar los últimos detalles. Queremos un documento jurídicamente sólido”, aseguró.
Según Benedetti, la intención del Gobierno es “darle voz al pueblo trabajador” sobre reformas que —dice— han sido bloqueadas sistemáticamente por el Congreso. No obstante, el ministro evitó referirse a los obstáculos legales advertidos por Vega y Cepeda, que ponen en duda la viabilidad de todo el proceso.
La tensión entre poderes crece y los próximos días serán claves. Lo que está en juego no es solo una consulta popular, sino el respeto al equilibrio institucional y a las reglas de la democracia colombiana.