La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras identificar la firma de 6.292 contratos directos por más de $2 billones que, según el ente de control, se habrían destinado a actividades con tinte político en distintas regiones del país, aun cuando ya estaba en vigor la Ley de Garantías.
De ese monto, $31.959 millones corresponderían específicamente a contratos relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, es decir, actividades que suelen estar asociadas a movilización y visibilidad política.
El análisis de la Contraloría revisó la contratación directa realizada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026. Solo en ese periodo se registraron 368 contratos adicionales por $31.959 millones bajo este tipo de actividades, pese a las restricciones legales vigentes.
Pero el panorama es más amplio. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones también relacionados con eventos, publicidad, conciertos y logística.
Además, el ente de control evidenció un fuerte incremento en la contratación durante enero de 2026. Según el informe, el número de contratos pasó de 103.563 a 160.616, lo que representa un aumento del 64,48 %. En términos de valor, el crecimiento fue aún mayor: el monto contratado subió un 75,14 %, pasando de $5,4 billones a $9,5 billones en tan solo un mes.
“La mayor concentración se observa en la última semana del mes, donde se adjudicaron $14,8 billones, siendo el último día (30 de enero) el pico del mes con un valor contratado de $5,7 billones”, explicó la Contraloría.
Los sectores con mayor número de contratos que no tendrían excepción en Ley de Garantías son: social, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos.
En el consolidado nacional y territorial, el periodo analizado dejó 521.269 contratos por $32,88 billones. El orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el nivel nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas regionales firmaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
El informe deja sobre la mesa una preocupación: el uso de contratación directa en plena vigencia de la Ley de Garantías y el aumento acelerado en la adjudicación de recursos, especialmente en actividades asociadas a logística y eventos.
Ahora la lupa está puesta sobre la destinación real de esos recursos y si efectivamente se respetaron los límites legales en época preelectoral.