La Contraloría General de la República ha emitido una grave advertencia sobre un posible racionamiento energético en Colombia debido a las dificultades financieras que enfrenta el sector energético, derivadas de una deuda acumulada por subsidios cercana a los $3 billones. Esta situación podría poner en riesgo la prestación de servicios básicos a los estratos más vulnerables, como los estratos 1, 2 y 3.
Alerta por riesgo de racionamiento
En un reciente informe sobre seguridad energética, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra llamó al gobierno nacional a actuar con urgencia para mitigar una crisis que amenaza tanto la estabilidad del sector como el bienestar de millones de familias. Según el ente de control, el retraso en los pagos de subsidios y la acumulación de deudas por parte de entidades públicas hacia las empresas de energía eléctrica y gas ha incrementado significativamente la presión financiera sobre estas compañías, muchas de las cuales cuentan con participación estatal.
Impacto sobre los más vulnerables
De no tomarse medidas inmediatas, los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podrían enfrentar aumentos significativos en las tarifas. Según el Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas ascienden a más de $7 billones, equivalentes al 60 % de los recursos anuales requeridos por el sector. Sin subsidios, una familia que actualmente paga $30.000 por el servicio de gas podría ver duplicada su factura a cerca de $58.000.
Además del riesgo de incrementos tarifarios, la Contraloría advirtió sobre las posibles consecuencias de la insolvencia financiera de las empresas, lo que podría traducirse en interrupciones en la prestación de los servicios básicos.
Necesidad de medidas urgentes
La Contraloría ha instado al gobierno nacional a priorizar el pago de las deudas acumuladas para garantizar el acceso a los servicios públicos de las familias más vulnerables. Cabe recordar que el proyecto de Ley de Financiamiento de 2024, que contemplaba el reconocimiento de estas deudas como obligaciones públicas, fue archivado, dejando un vacío legal en la resolución del problema.
Como respuesta a esta crisis inminente, el contralor Rodríguez Becerra convocó a una mesa de trabajo con la participación de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda, la Procuraduría y los gremios del sector minero-energético. El objetivo es encontrar soluciones que salvaguarden tanto la estabilidad financiera del sector como el acceso equitativo a los servicios básicos.
Esta alerta de la Contraloría se suma a otras advertencias previas sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas para evitar un descalabro en el sector energético que afecte de manera desproporcionada a los hogares más desfavorecidos del país.