La Contraloría General de la República, mediante una Auditoría de Cumplimiento realizada al Fondo Emprender del SENA para las vigencias de 2020 a 2023 y el primer semestre de 2024, identificó dieciséis (16) hallazgos disciplinarios, dos (2) de ellos con incidencia fiscal por un valor de $47.261 millones.
Según el ente de control, las irregularidades están relacionadas con la gestión de los recursos destinados a la prestación de servicios tecnológicos bajo la figura de urgencia manifiesta, decisión que implicó una gestión antieconómica al realizar pagos superiores a los ofertados en un proceso de licitación previamente revocado por el propio SENA.
El contrato en cuestión, suscrito con Colombia Telecomunicaciones, tenía como objetivo garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todas las sedes del SENA, así como bienes y servicios conexos necesarios para la operación. Este acuerdo, firmado bajo la declaratoria de urgencia manifiesta, alcanzó un valor de $210.228 millones con un plazo de ejecución de cinco meses, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2023.
No obstante, la Contraloría señaló que la revocatoria del proceso licitatorio, que ya contaba con una oferta habilitada para adjudicación, resultó en un manejo antieconómico de los recursos públicos, consolidando uno de los principales hallazgos fiscales.
La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social lideró esta investigación, advirtiendo que las decisiones tomadas no solo vulneraron principios de eficiencia y transparencia, sino que también comprometieron recursos fundamentales para el desarrollo de los programas del Fondo Emprender.
El SENA aún no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los hallazgos reportados.