En medio de la crisis provocada por las intensas lluvias que golpean a distintas regiones del país, la Contraloría General de la República anunció la activación de un seguimiento especial y preventivo a los recursos destinados a la atención de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
La decisión pone bajo estricta vigilancia la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad responsable de coordinar la respuesta institucional frente a las afectaciones por inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura.
Según el organismo de control, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone actualmente de $1,69 billones, además de cerca de $1 billón en reservas presupuestales correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse en la atención inmediata de la emergencia, siempre que cumplan con los ajustes contractuales y normativos necesarios.
La Contraloría solicitó información detallada sobre el Plan de Acción Específico (PAE) que ejecuta la UNGRD, con el fin de verificar:
• La destinación real y efectiva de los recursos.
• La priorización de las zonas más afectadas.
• La transparencia en los procesos contractuales.
• La correcta identificación de damnificados.
Advertencias previas
El ente de control recordó que en años anteriores ya había advertido sobre baja ejecución de recursos en decretos de emergencia similares, lo que generó retrasos en la atención a comunidades afectadas. Entre 2024 y 2025 se han realizado decenas de requerimientos formales de información relacionados con la gestión fiscal de la UNGRD.
Además, la Contraloría anunció que hará seguimiento al componente tributario que acompaña el decreto de emergencia económica, verificando que los nuevos recaudos tengan una destinación exclusiva para atender la crisis derivada de la temporada invernal.
El organismo también pidió a gobernaciones y alcaldías mejorar la calidad del Registro Único de Damnificados, herramienta clave para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan y evitar posibles irregularidades.
La activación de este control especial ocurre en un contexto de creciente presión social en las regiones más afectadas, donde miles de familias han perdido viviendas, cultivos y fuentes de ingreso.
Con esta medida, la Contraloría busca anticiparse a posibles fallas en la ejecución y enviar un mensaje claro: los recursos para la emergencia deben llegar con rapidez, pero también con total transparencia.