Controversia por suspensión del proyecto petrolero Komodo 1

La polémica en torno al futuro del pozo de exploración Komodo 1 en Colombia sigue aumentando. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reiteró que el proyecto aún no cuenta con una licencia ambiental, lo cual ha llevado a Ecopetrol a suspender temporalmente las operaciones en esta iniciativa.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, destacó la importancia de cumplir con las autorizaciones requeridas y detalló que, una vez obtenida la licencia, el desarrollo del proyecto tomaría al menos tres años. Roa explicó que, de cumplirse los tiempos previstos, las operaciones podrían iniciarse en 2029, con una expectativa máxima de funcionamiento para 2031. Este pozo representa un avance significativo en la exploración petrolera de Colombia, al ser el primer proyecto de esta índole que alcanza profundidades de hasta 4,000 metros bajo la superficie, y cuenta con una inversión estimada de 200 millones de dólares.

Sin embargo, la ANLA enfatizó que aún no hay una decisión final sobre la viabilidad del proyecto. La falta de licencia ambiental sigue siendo un obstáculo crítico, lo cual ha generado preocupación entre defensores ambientales y miembros de la industria petrolera.

Enrique Gómez, director del Movimiento Salvación Nacional, también expresó su inconformidad respecto a la situación. Gómez señaló en sus redes sociales que “#UnEngañoEs que sigan negando el racionamiento mientras cancelan la perforación de pozo Komodo-1. Otro de los resultados de radicales extremos como Susana Muhamad, que decidió no firmar la licencia ambiental. Esto no solo le cuesta mucho más la sostenibilidad energética al país, nos costará a todos multas y sanciones”. Sus declaraciones refuerzan el debate sobre las implicaciones económicas y energéticas de la demora en los proyectos de exploración.

Por otra parte, en un fallo reciente, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la suspensión de las operaciones de Ecopetrol en el proyecto Uchuva II, otro desarrollo de exploración en Colombia. El tribunal otorgó un plazo de un mes al Ministerio del Interior para realizar una consulta previa con las comunidades locales. Sobre este proyecto, Roa subrayó la importancia de establecer una relación más directa con las comunidades y de acompañarlas en el entendimiento del alcance de las operaciones.