A pesar de las reveladoras confesiones y pruebas documentales sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo Garzón, aún no ha presentado imputaciones formales contra los principales implicados en el caso.
Han pasado ocho meses desde que Olmedo López y Sneyder Pinilla confesaron el esquema de corrupción en la Ungrd, señalando a figuras de alto nivel como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Sin embargo, pese a la pérdida de fuero de estos exfuncionarios tras sus renuncias, la Fiscalía sigue sin avanzar en acusaciones ante la justicia ordinaria.
En contraste, la Corte Suprema de Justicia ya ha llamado a indagatoria a seis congresistas implicados en menos de cuatro meses, evidenciando un avance más rápido que el del ente acusador.
Según informes y testimonios, el 27 de noviembre de 2023, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se llevó a cabo una reunión clave, conocida como el “cónclave”. En este encuentro participaron López, Bonilla, Velasco y González, presuntamente para acordar la estrategia de sobornos a congresistas a cambio de la aprobación de reformas legislativas.
Las pruebas incluyen chats, documentos y videos presentados por los testigos. La exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, afirmó que el exministro autorizó la asignación de 92 mil millones de pesos en contratos para asegurar votos en el Congreso. Además, López señaló reuniones organizadas por Velasco con el senador Julio Chagüi para otorgar contratos a dedo.
López y Pinilla han ofrecido colaborar a cambio de un principio de oportunidad que les garantice inmunidad parcial. Sin embargo, la fiscal Camargo aún no aprueba este acuerdo y contempla un preacuerdo menos favorable para los implicados.
La defensa de López cuestiona la inacción de la Fiscalía, calificándola de inexplicable. Según el abogado penalista Fabio Humar, este es un caso con pruebas claras donde, inexplicablemente, “no pasa nada”.
El Colegio de Abogados Penalistas y la Corte Suprema han manifestado su preocupación por la falta de avances. Francisco Bernate, presidente del Colegio, sostiene que hay pruebas suficientes para imputar delitos como tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
La demora también genera sospechas de posibles favores políticos, considerando que la fiscal Camargo maneja otros casos delicados, como el de Nicolás Petro, hijo del presidente.
La actuación de la Fiscalía en este escándalo será una prueba crucial para su independencia y la credibilidad de la justicia en Colombia, mientras la sociedad espera respuestas en uno de los mayores casos de corrupción de los últimos tiempos.