La Sala de Tutelas número tres de la Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que había dejado en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que la orden de detención domiciliaria dictada en su contra no cumplía con los requisitos constitucionales para restringir su libertad.
El alto tribunal concluyó que el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que el pasado 1 de agosto condenó al exmandatario a 144 meses de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, no presentó argumentos suficientes ni pruebas específicas para ordenar su captura inmediata, como exige la legislación colombiana.
En su fallo, la Corte reiteró que la libertad es la regla en el proceso penal y su restricción debe ser excepcional, siempre respaldada por razones claras, concretas y verificables. La Sala enfatizó que la simple mención de riesgos generales, como la “percepción negativa de la sociedad” o la “preservación de la convivencia”, no justifica una medida tan grave como la detención.
La defensa del expresidente había interpuesto una tutela tras el fallo condenatorio, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. Argumentaron que la decisión del juzgado carecía de motivación real y que Uribe nunca había mostrado intención de evadir la justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá acogió esos planteamientos el 19 de agosto y revocó la orden de detención, decisión que fue impugnada por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, entre ellos el senador Iván Cepeda. Sin embargo, la Corte Suprema respaldó al tribunal, advirtiendo que “una cosa es explicar y otra justificar una decisión judicial”, y que el juzgado no logró demostrar por qué la detención era necesaria, proporcional e idónea.
La providencia se alinea con la jurisprudencia vigente desde 2023, que exige un estándar más estricto para privar a una persona de su libertad durante procesos penales. El fallo también destacó que Uribe ha comparecido voluntariamente a todas las diligencias judiciales y no ha interferido con el proceso, lo que debilita aún más cualquier argumento sobre riesgo de fuga o reincidencia.
Con esta decisión, el expresidente Uribe permanecerá en libertad mientras se resuelve la apelación contra su condena. El fallo marca un precedente sobre la necesidad de motivación rigurosa en medidas restrictivas y abre un nuevo capítulo en el complejo proceso judicial que enfrenta el líder del Centro Democrático.