Un nuevo capítulo de persecución contra el sector privado se escribe en Colombia, esta vez con el gigante de los supermercados D1 en el ojo del huracán. Mientras miles de familias dependen de su empleo formal y miles de colombianos acceden a productos de calidad a bajo costo, el Gobierno Petro decide poner la lupa de la inspección laboral sobre la compañía que hoy da trabajo estable a más de 25.000 personas en todo el territorio nacional.
La senadora María Fernanda Cabal, rechazó categóricamente la actuación del Ministerio de Trabajo, que tras más de 230 visitas y 400 entrevistas, pretende abrir investigaciones contra la empresa por supuestas irregularidades laborales. “Nuevo capítulo de persecución contra la libre empresa en el país. Ahora enfilan baterías contra una empresa que genera 25 mil empleos con contrato a término indefinido y que le da oportunidad a más de 1.100 aprendices del SENA. Nada que signifique comodidad, mejores precios y estabilidad laboral le importa al desgobierno de Petro que persigue todo lo que funciona para destruirlo”, declaró Cabal.
Mientras la Viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz, expuso hallazgos sobre supuestas fallas en las condiciones de trabajo, la compañía respondió contundentemente reiterando que cumple de manera rigurosa la ley laboral colombiana, respeta la jornada máxima legal, fomenta el diálogo social y mantiene abiertos todos los canales de comunicación con sus trabajadores. Además, D1 enfatizó que hasta la fecha no ha sido notificada formalmente de ningún cargo y está dispuesta a demostrar ante las autoridades su cumplimiento cabal de las normas.
La empresa concluye su comunicado asegurando que seguirá “apostando por la generación de empleo digno y formal en todas las regiones del país” y que mantiene su disposición para dialogar con las autoridades. Mientras tanto, crece la preocupación en sectores productivos que ven en este proceso un claro mensaje de hostigamiento a quienes invierten, arriesgan y construyen país.