La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal reiteró su llamado a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que avance en la investigación sobre la presunta violación de topes electorales cometida por la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, que según las denuncias superaría los $5000 millones.
A través de su cuenta oficial en X, Cabal insistió en que la Comisión de Acusaciones ya no tiene excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución, que establece la pérdida de investidura o del cargo para los candidatos que violen los límites máximos de financiación electoral. “Como corresponde debe avanzar esa investigación y la Comisión de Acusaciones se quedó sin excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución sobre la pérdida del cargo de Petro por violación de topes electorales”, expresó la senadora.
Estas declaraciones se dan en medio de las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirmó en un comunicado oficial que continuará con el proceso sancionatorio relacionado con la presunta infracción del Pacto Histórico, coalición política liderada por Petro. Según el documento compartido por Cabal, el CNE señaló que el procedimiento seguirá su curso conforme al ordenamiento jurídico y a las disposiciones de los órganos judiciales competentes.
El artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, indica que la violación de los topes de financiación de campaña será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo, una disposición que, en palabras de Cabal, se debe aplicar si se comprueba la responsabilidad del presidente Petro en estos hechos.
Las declaraciones de la precandidata han generado un nuevo debate político en el país, pues mientras el CNE avanza con sus indagaciones, la senadora subraya que el caso no puede quedarse únicamente en el ente electoral, sino que debe ser abordado también desde el Congreso, donde se decidiría la posible pérdida del cargo presidencial.
Cabal ha insistido en que su llamado busca garantizar transparencia y respeto a la legalidad en la democracia colombiana.