La renuncia de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda ha generado una ola de reacciones, especialmente entre los líderes de oposición, quienes cuestionan no solo la demora en su salida, sino también el manejo del Gobierno frente a los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado. Este desenlace ocurre en medio de las investigaciones por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que han señalado al ahora exministro como uno de los implicados principales.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, una de las figuras más relevantes del uribismo, no dudó en pronunciarse. “Creo que se demoró. Ha debido hacerlo hace mucho tiempo. Pero la evidencia hoy es que esto es una cueva de ladrones. El cambio lo que está demostrando es que son más ladrones que nunca”, expresó Cabal, quien ha sido una crítica constante de las políticas del presidente Gustavo Petro.
Cabal se refiere al escándalo de corrupción que involucra a Bonilla y que apunta a la aprobación irregular de contratos millonarios en la UNGRD. Este episodio ha avivado el debate sobre la transparencia en la administración Petro y la capacidad del Gobierno para manejar crisis políticas de esta magnitud.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro explicó en la red social X las razones para solicitar la renuncia de Bonilla. “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno”, señaló el mandatario, defendiendo la integridad de Bonilla y sugiriendo que se trata de una estrategia para desestabilizar su administración.
El caso que involucra a Bonilla se centra en la aprobación de tres contratos por un valor de 92.000 millones de pesos para obras en Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, testigos clave que han acudido a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, altos funcionarios del Gobierno, incluido Bonilla, habrían presionado para que se diera luz verde a estas aprobaciones argumentando que, de no hacerse, “se caerían los créditos de la nación”.
En las conversaciones reveladas, aparecen también Jaime Ramírez, asesor de Presidencia, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Este escándalo ha puesto en entredicho la transparencia de varios funcionarios cercanos al presidente Petro.
El senador David Luna también criticó la gestión del mandatario frente a este caso. “Presidente, lo que hace es correcto, lástima que lo haga tan tarde y después de justificar de manera tan descarada la corrupción de su gobierno. El Ministro Bonilla se debió ir hace más de cuatro meses cuando salieron las primeras investigaciones en su contra”, expresó Luna, señalando que la salida de Bonilla pudo haber prevenido mayores daños a la credibilidad del Ejecutivo.
La salida de Bonilla ocurre en un momento crítico para el Gobierno, que enfrenta retos significativos en materia económica y de gobernabilidad. El escándalo de la UNGRD no solo compromete a Bonilla, sino que también pone en el ojo del huracán a figuras clave de la administración, como Laura Sarabia, quien ha sido vinculada indirectamente a los hechos a través de sus asesores.
En diciembre pasado, Bonilla ya había sido cuestionado por el manejo de créditos internacionales. La negativa de la Comisión Interparlamentaria para aprobarlos generó tensiones internas que, según algunos analistas, fueron la antesala de los problemas actuales.
La renuncia de Bonilla es solo el inicio de lo que promete ser un complejo panorama político. La oposición, encabezada por figuras como María Fernanda Cabal, ha dejado claro que seguirá exigiendo transparencia y explicaciones al Gobierno. Entretanto, Petro enfrenta el desafío de reorganizar su equipo ministerial en un momento de baja popularidad y crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para liderar un Gobierno libre de corrupción.