El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño denunció la existencia de un convenio de cooperación suscrito entre el Sistema de Medios Públicos RTVC y La Nueva Televisión del Sur, acuerdo que —según afirmó— evidencia una articulación directa entre el medio público colombiano y el canal estatal venezolano.
La denuncia estuvo acompañada de una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al director de RTVC, Hollman Morris, por una presunta participación en política.
El acuerdo, identificado como Convenio de Cooperación No. 029-2024, fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa misional entre RTVC S.A.S. y Telesur. De acuerdo con los documentos conocidos, el objeto del convenio es aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades, programas, productos y proyectos orientados a la divulgación del patrimonio cultural de la región suramericana, así como al intercambio de contenidos y experiencias entre ambas entidades.
El texto contractual establece que el convenio no genera compromisos financieros directos entre las partes y fija su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Como ordenadora del gasto figura la gerente de RTVC, Norida Rodríguez Muñoz, mientras que por la contraparte actúa Patricia Villegas Marín, presidenta y representante legal de Telesur.
El documento contempla compromisos relacionados con la coordinación institucional, la suscripción de acuerdos derivados y la supervisión del convenio por parte de funcionarios designados por ambas entidades.
Tras la divulgación del acuerdo, Briceño cuestionó públicamente su alcance político y lo vinculó con lo que considera un uso ideológico del sistema de medios públicos. De manera paralela, radicó una queja disciplinaria contra Morris por declaraciones emitidas el 31 de diciembre durante una transmisión de RTVC, en las que el director afirmó que el país enfrentaba una disyuntiva entre “fascismo o democracia”.
Según Briceño, esas expresiones introducen una lectura ideológica del escenario electoral y podrían incidir en la opinión pública, teniendo en cuenta el amplio alcance del sistema de medios públicos. Asimismo, recordó que la normativa vigente impone restricciones reforzadas a los funcionarios para participar en debates políticos, especialmente en periodos preelectorales.
Adicionalmente, el exconcejal solicitó a la Procuraduría la suspensión provisional de Hollman Morris, con el fin de evitar la reiteración de la conducta denunciada mientras avanzan las investigaciones disciplinarias.