El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, lanzó fuertes críticas al sistema penitenciario colombiano y aseguró que las cárceles del país se han convertido en centros de criminalidad sin control estatal.
Según Briceño, “las cárceles en Colombia se convirtieron en call center de extorsión, universidades del crimen y en repúblicas independientes donde los delincuentes mandan y el Estado obedece”. El aspirante al Congreso afirmó que uno de cada cinco delincuentes que sale de prisión vuelve a delinquir, lo que evidencia el fracaso total del modelo actual de resocialización.
El candidato denunció además que no existe control real dentro de los centros penitenciarios, los cuales, aseguró, funcionan incluso como “hoteles para algunos delincuentes de cuello blanco”. En ese contexto, señaló directamente al INPEC, al que calificó como “absolutamente politizado, lleno de sindicatos y sin control efectivo al interior de las cárceles”.
Briceño afirmó que desde las prisiones se cometen y se ordenan delitos graves, incluidas extorsiones y asesinatos, y recordó el homicidio del director de la cárcel del Huila, hecho en el que también murió un menor de edad. “No pasa absolutamente nada. Nadie quiere ver estos centros que se convirtieron en lugares del delito”, enfatizó.
Ante este panorama, el candidato propuso avanzar en la privatización del sistema carcelario a través de alianzas público-privadas y concesiones. Aseguró que “las cárceles públicas han demostrado ser absolutamente ineficientes” y que solo sirven para favorecer a los delincuentes, mientras los ciudadanos honestos padecen las consecuencias.
Briceño planteó quitarle el poder operativo al INPEC y liquidar la USPEC, dejando estas entidades con funciones meramente administrativas. En su propuesta, los privados serían los encargados de fijar reglas, controles y condiciones dentro de las cárceles, con estrictos procedimientos y supervisión.
El candidato sostuvo que este modelo ya funciona en países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, y aseguró que las cárceles en concesión permitirían mayores garantías de derechos humanos, algo que hoy no existe en Colombia.
“Aquí nadie se resocializa. Lo que se armó fue una infraestructura delincuencial. Si no ponemos las cárceles del país en concesión y no metemos a los privados a administrarlas y a poner a trabajar a los presos, difícilmente vamos a poder darle la vuelta a lo que está pasando”, concluyó.