El representante a la Cámara David Racero, uno de los principales voceros del Pacto Histórico y ferviente defensor de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, enfrenta serias acusaciones por presuntas prácticas laborales ilegales en su propio negocio. La denuncia fue revelada por el periodista Daniel Coronell en su más reciente columna, donde se expone una fuerte contradicción entre el discurso político del congresista y sus acciones privadas como empleador.
Según audios divulgados por Coronell, Racero ofrecía empleos precarios en su minimercado Fruver, con condiciones que violan abiertamente la legislación laboral colombiana. En las grabaciones, el congresista propone contratar una cajera por un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, con jornadas de hasta 13 horas diarias, seis días a la semana, y con funciones adicionales a las pactadas inicialmente.
El escándalo ha generado indignación no solo por las condiciones laborales ofrecidas, sino por el doble discurso de Racero, quien ha sido uno de los rostros más visibles en la lucha por mejores garantías para los trabajadores. En un video de archivo, el congresista cuestiona: “¿Por qué se niegan a que los trabajadores recuperen sus horas nocturnas para ser pagadas dignamente?”, en el marco de una movilización en Santander.
Pero esta no es la primera vez que se relaciona a Racero con posibles irregularidades en el manejo de su negocio. Meses atrás, Coronell ya había denunciado que Leonardo García, uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y funcionario pagado con recursos públicos, atendía directamente el minimercado Fruver. En otros audios, se escucha cómo García y Racero conversan sobre el día a día del comercio, lo que podría configurar un uso indebido de empleados del Estado para fines privados.
A esta situación se suma una investigación de la Procuraduría, que abrió una indagación preliminar contra Racero y el actual director del SENA, Jorge Londoño, por presunto clientelismo. La columna señala conversaciones donde se habla de “reparto de cargos” en la entidad y de la posible manipulación de concursos públicos para vincular personal recomendado.
Pese a la gravedad de las revelaciones, Racero respondió con un escueto comunicado en el que calificó las denuncias como “mentiras” y parte de un supuesto “linchamiento moral” en su contra. Asegura que los señalamientos buscan desprestigiar su labor legislativa y sabotear la discusión sobre la reforma laboral.
Sin embargo, las evidencias presentadas por Coronell —tanto en audio como en testimonios— contradicen la defensa del congresista y ponen en entredicho su legitimidad como líder en temas laborales. La Corte Suprema y la Procuraduría ya evalúan los hechos y podrían abrir procesos formales en su contra.