El abogado y líder político Abelardo De La Espriella presentó formalmente una querella ante la Fiscalía General de la Nación contra David Murcia Guzmán, por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia agravadas, tras declaraciones públicas realizadas en febrero de 2026.
La acción judicial fue instaurada a través de su apoderado judicial y tiene origen en una entrevista concedida por Murcia Guzmán el pasado 12 de febrero al periodista Daniel Coronell, publicada en su canal oficial de YouTube bajo el título “Exclusivo: David Murcia Guzmán acusa de robo a Abelardo de la Espriella | El Reporte Coronell”.
Señalamientos que motivaron la querella
Según el documento radicado, durante la entrevista el querellado habría realizado afirmaciones en las que atribuye directamente a De La Espriella conductas que podrían corresponder a delitos como hurto, cohecho, tráfico de influencias y actos de corrupción.
El equipo jurídico del abogado sostiene que dichas manifestaciones no constituyen opiniones o juicios de valor, sino imputaciones concretas y reiteradas de hechos punibles que, según la querella, fueron difundidas sin respaldo probatorio y con amplia circulación pública.
La defensa argumenta que las declaraciones afectan gravemente la honra, reputación profesional y el buen nombre del líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, al considerar que se configuran los elementos previstos en los artículos 220 y 221 del Código Penal colombiano, relacionados con injuria y calumnia, junto con la agravante del artículo 223 por haberse difundido a través de medios de comunicación masiva.
Dentro del recurso presentado, la defensa solicita a la Fiscalía:
- La apertura formal de una investigación penal.
- La práctica de pruebas para esclarecer los hechos.
- El aseguramiento y conservación del material audiovisual difundido.
- La determinación de eventuales responsabilidades penales.
El equipo jurídico de De La Espriella reiteró que la defensa del buen nombre constituye un derecho fundamental protegido por la Constitución Política y señaló que serán las autoridades judiciales competentes las encargadas de establecer si existe responsabilidad penal en este caso.
La investigación quedará ahora en manos del ente acusador, que evaluará el contenido de la querella y definirá los pasos procesales correspondientes conforme a la ley colombiana.