Un operativo interinstitucional permitió el desmantelamiento de cinco emisoras ilegales en el Valle de Aburrá, cuya señal estaba interfiriendo comunicaciones críticas como las de aeronaves con la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera, además de afectar servicios de telefonía móvil, internet, televisión y frecuencias de emergencia utilizadas por ambulancias y la Policía.
Las emisoras intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), esta última con cobertura de hasta el 80 % del territorio metropolitano.
El procedimiento fue liderado por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría y la Aeronáutica Civil.
Según las investigaciones, estas emisoras operaban sin autorización legal y ya tenían antecedentes por interferencias recurrentes. En algunos casos, se reportaron incidentes en los que aeronaves tuvieron dificultades para establecer comunicación con la torre de control, lo que evidenció el alto nivel de riesgo.
“En Medellín hay autoridad y orden para proteger la vida y garantizar el correcto uso del espectro. Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.
Los equipos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y se iniciaron procesos sancionatorios contemplados en la Ley 1341 de 2009, que establece multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, además de posibles investigaciones penales conforme al artículo 257 del Código Penal.
Las autoridades locales anunciaron que se mantendrán los operativos de monitoreo y control en el espectro radioeléctrico, con el fin de evitar nuevas emisiones clandestinas que puedan amenazar la seguridad de Medellín y del país.