Desvío millonario en el Parque de las Aguas: Otro escándalo en la administración de Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra nueve personas por presuntas irregularidades en los contratos destinados al mantenimiento del Parque de las Aguas, en Medellín. Entre los acusados se encuentran exservidores públicos y representantes legales de tres empresas privadas que, según la investigación, habrían desviado 2.800 millones de pesos de los recursos asignados.

Este caso ocurrió durante la administración del alcalde Daniel Quintero, que ha sido objeto de cuestionamientos por la gestión de recursos públicos en Medellín.

Los señalados

Entre los acusados se encuentran:

  • Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
  • Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques.
  • Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques.
  • Laura María Mejía Higuita, líder del programa de unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

También enfrentan cargos los particulares:

  • Juan Alexander Pino Jaramillo.
  • Fabio Miguel Mestre Espitia.
  • Yamileth Galindez Chilito.
  • Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas.

Delitos imputados y hallazgos clave

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2022, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió tres contratos interadministrativos con Metroparques, destinando un total de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Sin embargo, Metroparques habría subcontratado a tres empresas privadas mediante un proceso irregular. Estas empresas recibieron recursos por más de 4.394 millones de pesos, de los cuales se habrían apropiado ilegalmente de 2.800 millones.

El material probatorio revela que una de las empresas subcontratadas sería una compañía de papel y que se presentaron sobrecostos en la facturación, deficiencias en el manejo de inventarios y falta de transparencia en la entrega de información. Además, la Fiscalía señala que el cambio en la modalidad de contratación, implementado a partir de 2020, vulneró los principios de igualdad y pluralidad de oferentes.