La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, encendió las alarmas este fin de semana tras denunciar públicamente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha ordenado a la petrolera estatal el pago de $9,4 billones de pesos por concepto de IVA del 19% sobre gasolina importada entre 2022 y 2024.
Según el comunicado firmado por el presidente del sindicato, César Loza Arenas, esta decisión unilateral de la DIAN representa una interpretación interna del Estatuto Tributario sin mediación del Congreso, lo que —asegura— equivale a una reforma tributaria encubierta aplicada exclusivamente a Ecopetrol.
“Esta medida podría extenderse a otros combustibles como el ACPM, lo que elevaría el cobro a cerca de $21 billones, afectando directamente la viabilidad financiera de Ecopetrol, su plan de inversiones, su capacidad de pago con contratistas y trabajadores, y su rol estratégico en la autosuficiencia energética del país”, advirtió Loza.
Del monto exigido actualmente, $6,1 billones corresponderían a Ecopetrol, $1 billón a la Refinería de Cartagena y $2,3 billones a intereses acumulados. USO sostiene que esta medida se aplica de forma retroactiva, abarcando las importaciones realizadas en los años 2022, 2023, 2024 y, posiblemente, 2025.
Para el sindicato, el problema no solo es financiero sino también jurídico e institucional: “La DIAN está asumiendo facultades que son exclusivas del Congreso, al reinterpretar el régimen tributario para establecer un nuevo tratamiento impositivo sin pasar por la vía legislativa”, denunció Loza.
Además, la USO cuestiona la discriminación en el tratamiento del IVA entre combustibles importados y los de producción nacional. Mientras los primeros están gravados con el 19%, los segundos mantienen un IVA del 5%, pese a que ambos están destinados al mismo mercado interno.
“Con estas decisiones, se pretende incautar la caja de Ecopetrol para cuadrar las cuentas fiscales de un Estado con problemas de recaudo”, agregó el comunicado. Para el sindicato, esta acción pone en riesgo no solo el futuro financiero de la compañía más importante del país, sino también la transición energética y el cumplimiento de sus compromisos contractuales y laborales.
En consecuencia, USO pidió a la DIAN reconsiderar su decisión, y a Ecopetrol —junto a su Junta Directiva— interponer todas las acciones jurídicas necesarias para frenar lo que consideran una medida desproporcionada, inconstitucional y potencialmente devastadora.
La polémica medida aún no ha sido oficialmente respondida por Ecopetrol ni por la DIAN, pero se anticipa una fuerte confrontación legal y política en los próximos días.