Un correo electrónico enviado desde la Dirección Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha generado controversia al ser señalado como evidencia de un supuesto uso indebido de recursos institucionales para promover la participación en una marcha convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El correo, fechado el 17 de marzo de 2025 y firmado por el director encargado del ICBF en Antioquia, Quevedo Moreno, se dirige a los contratistas de la entidad con un “cordial saludo” y les solicita que se presenten en los puntos de concentración definidos para Medellín. Para los centros zonales ubicados fuera de la capital antioqueña, el correo insta a unirse a las marchas organizadas en sus respectivas áreas. La comunicación finaliza con un agradecimiento por la participación. La frase “Mañana los espero” ha sido interpretada como una orden más que como una invitación, lo que ha desatado críticas en distintos sectores.
El congresista Miguel Polo Polo fue uno de los primeros en reaccionar, denunciando que el gobierno está utilizando al ICBF para fines políticos. “Así usa este gobierno al Bienestar Familiar, para hacer politiquería. Miles de niños muriéndose de hambre en el país y usan los recursos de la entidad para promover marcha petrista. Señores de la Procuraduría General de la Nación, esperamos que tomen acciones concretas. Es una falta de respeto que directivos y altos funcionarios del gobierno envíen correos desde plataformas institucionales presionando a contratistas para que asistan a la marcha de Petro. Las instituciones no son para esto”, expresó el congresista en sus redes sociales.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre el tema con un mensaje crítico en su cuenta de X (antes Twitter): “Al director encargado del @ICBFColombia en Antioquia le corresponde es poner a ‘marchar’ los contratos de alimentación para los 190 mil niños en el Departamento. Esa tarea se tomó más tiempo de lo previsto y, a hoy, está incompleta”.
La denuncia ha generado un intenso debate en redes sociales y en el ámbito político. Según los críticos, este tipo de acciones representan un uso indebido de las instituciones públicas, que deberían estar enfocadas en atender las necesidades de la población, especialmente en un contexto donde, según Polo Polo, “miles de niños se están muriendo de hambre en el país”.
Además, se ha señalado que el envío de este tipo de comunicaciones desde plataformas institucionales podría constituir una forma de presión hacia los contratistas, quienes podrían sentirse obligados a participar en actividades políticas para no poner en riesgo su relación laboral con la entidad.
Se espera que la Procuraduría General de la Nación evalúe la situación y determine si se configura una falta disciplinaria en el actuar del director regional.