En medio de la polémica por la convocatoria de la consulta popular vía decreto, el nombre de Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, ha vuelto a tomar fuerza como posible nuevo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro.
La idea de nombrar a Montealegre, surge en el contexto de la reciente alocución presidencial del 3 de junio de 2025, donde Petro anunció que convocará la consulta popular tras el hundimiento de la iniciativa en el Senado. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente… El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, dijo el mandatario.
Montealegre respaldó públicamente la decisión de Petro y explicó que la Presidencia puede convocar la consulta vía decreto antes del 11 de junio, al considerar que hubo vicios inconstitucionales e insubsanables en el trámite del Senado. “La negativa del Congreso fue arbitraria. El presidente tiene la facultad de emitir un decreto para someter a consulta los temas laborales rechazados. Es una salida legítima y constitucional. No queda otra salida que ‘El Decretazo’”, afirmó Montealegre.
Sin embargo, el posible nombramiento de Montealegre como ministro de Justicia se ha visto empañado por denuncias del concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático. Briceño aseguró que el exfiscal ha recibido más de 1.700 millones de pesos en contratos con entidades del Gobierno Petro, lo que cuestiona su imparcialidad. “$1.788.856.667 es la suma que ha recibido Eduardo Montealegre por parte del gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata”, escribió Briceño en su cuenta de X.
Según el concejal, estos contratos fueron firmados a través de la empresa Economía Derecho y Sociedad S.A.S, de la cual Montealegre es gerente. Dos de estos contratos están vinculados con la aseguradora estatal Positiva, entidad que ha estado en el ojo del huracán por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de puestos por parte de David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes. Además, Montealegre habría suscrito cuatro contratos con RTVCpara asesorías, presuntamente “ayudando en temas personales a Hollman Morris”, según Briceño.
El concejal también reveló otros dos contratos firmados por la gerente suplente de RTVC, Claudia Patricia Ospina, por un valor superior a 76 millones de pesos. Para Briceño, estos vínculos contractuales comprometen la independencia de Montealegre, quien ahora avala el controvertido decreto que impulsa el presidente.
La controversia por los contratos millonarios se suma a las críticas que ha suscitado la decisión de Petro de convocar la consulta popular por decreto. Mientras sectores oficialistas defienden la iniciativa como un acto de soberanía popular, la oposición la califica como un acto autoritario y un riesgo para la estabilidad institucional.