El Centro Democrático solicita intervención de la Corte Constitucional por crisis en el sistema de salud

En una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, el partido Centro Democrático ha expresado su profunda preocupación por lo que describen como una “crisis premeditada” del sistema de salud en Colombia.

La misiva, firmada por la bancada de senadores del partido, señala múltiples problemas desde septiembre de 2022, incluyendo inconsistencias en los cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), retrasos en pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y desabastecimiento de medicamentos esenciales.

Los senadores critican la actitud del gobierno actual hacia la reforma de salud propuesta, argumentando que no aborda adecuadamente las necesidades del sistema ni garantiza los derechos fundamentales de los colombianos. Entre los puntos destacados en la carta están:

  1. Inconveniencia y Regresividad: La reforma limitaría la libertad de elección de los usuarios en cuanto a prestadores de salud, generando incertidumbre y posibles interrupciones en la atención.
  2. Insostenibilidad Financiera: La propuesta carece de aval fiscal y no presenta una clara cuantificación de los costos y fuentes de financiamiento.
  3. Desconocimiento de Logros del Sistema Actual: La reforma no reconoce los avances en aseguramiento y cobertura de salud que ya se han logrado.
  4. Falta de Resolución de Retos Actuales: No se abordan temas cruciales como la mejora en la atención en zonas rurales, condiciones laborales del personal de salud, y la eficiencia en la entrega de servicios.
  5. Transparencia y Gestión de Recursos: Se critica la centralización de los recursos en una sola entidad pública sin los controles necesarios.
  6. Falta de Consenso: La reforma no refleja las preocupaciones y propuestas de la sociedad civil, pacientes, y expertos.

El Centro Democrático solicita a la Corte Constitucional que intervenga para asegurar la continuidad y viabilidad del sistema de salud actual, solicitando medidas específicas como el reajuste de la UPC, garantías de financiamiento oportuno y seguimiento a la prestación efectiva de servicios de salud.

Esta acción se enmarca en una serie de tensiones políticas y legales en torno a la reforma de salud en Colombia, donde diferentes actores buscan equilibrar la sostenibilidad del sistema con el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.