El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte en una contundente votación que reflejó el hartazgo político ante la creciente ola de criminalidad que atraviesa el país. La mandataria, que gobernaba desde diciembre de 2022, fue removida de su cargo con 118 votos a favor de los 122 parlamentarios presentes, apenas unas horas después de que se aprobara el inicio de un juicio político en su contra.
«En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República», anunció en una extensa sesión el presidente del Congreso, José Jerí, quien asumió de inmediato la presidencia interina del país ante la ausencia de un vicepresidente. Afuera del Parlamento, cientos de personas celebraron la decisión ondeando banderas y mostrando pancartas contra Boluarte, quien se negó a presentarse ante el Legislativo para ejercer su defensa.
La destitución de Boluarte marca otro episodio en la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú desde 2016, periodo en el que seis presidentes han ocupado el cargo, varios de ellos removidos por el Congreso o forzados a renunciar.
Investigaciones y escándalos
Durante su gestión, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones fiscales por delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, derivados de la represión a las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, que dejaron medio centenar de muertos. Además, fue señalada por presunto enriquecimiento ilícito en el caso conocido como Rolexgate, tras ser vista portando relojes y joyas de lujo no declaradas.
La Fiscalía también indaga si la exmandataria facilitó la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, y si abusó de su poder al omitir notificaciones oficiales durante un periodo en el que se habría sometido en secreto a varias cirugías estéticas. A esto se suma una investigación sobre presuntas reuniones con la entonces fiscal general Patricia Benavides, acusada de encabezar una red corrupta dentro del Ministerio Público.
Aunque el Tribunal Constitucional había suspendido cualquier acusación hasta el fin de su mandato en 2026, su destitución por “permanente incapacidad moral” reactivó las causas en su contra.