En medio de una creciente crisis fiscal, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha aumentado significativamente el tamaño del aparato estatal. Según un informe publicado por el portal La Silla Vacía, en tan solo un año se crearon más de 27 mil nuevos empleos públicos, elevando la planta estatal de 889 mil a 916 mil funcionarios.
El crecimiento del gasto en contratación también ha alcanzado cifras sin precedentes. Desde 2022, el gobierno ha destinado cerca de 8 billones de pesos al pago de nómina y contratos por prestación de servicios (OPS), un tipo de vinculación laboral que el propio presidente había prometido eliminar al llegar al poder.
Pese a ese compromiso, los contratos OPS siguen siendo ampliamente utilizados. Según la Silla Vacía, en las entidades controladas por el gobierno nacional, el número de contratos OPS aumentó de 45 mil en 2021 a 63 mil en 2024. De hecho, actualmente tienen una duración promedio de 211 días, menos que en los gobiernos anteriores de Iván Duque y Juan Manuel Santos, lo que para expertos evidencia un deterioro en la estabilidad laboral.
Entidades clave como la Defensoría del Pueblo, el DANE y el IGAC concentran miles de contratistas bajo esta modalidad. Para varios analistas, este fenómeno refleja un uso del Estado como herramienta de clientelismo, encubierto bajo el discurso de la reforma institucional.
El proyecto de presupuesto nacional para 2025 confirma esta línea de acción: se da prioridad al gasto en funcionamiento y en nómina sobre la inversión social. La senadora María Fernanda Cabal criticó duramente la situación, afirmando que la llamada “emergencia económica” es, en realidad, el resultado de un “despilfarro institucional sin precedentes”.
El debate continúa creciendo mientras el país enfrenta presiones fiscales cada vez más severas y una ciudadanía que exige transparencia y resultados en la gestión pública.