“El machismo no debe tener cabida en el poder”: Defensora del Pueblo rechaza nombramiento de Benedetti

La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un contundente llamado al presidente Gustavo Petro para que evite otorgar cualquier cargo público a Armando Benedetti, exembajador de Colombia, debido a los antecedentes de presunta violencia de género y comportamientos machistas que se le atribuyen. Marín subrayó que permitir el ingreso de Benedetti al Gobierno enviaría un mensaje equivocado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La defensora recordó denuncias públicas contra Benedetti, incluidas las realizadas por Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien expuso ataques verbales y violencia política durante su paso por el gabinete. Asimismo, Marín destacó que Benedetti ha sido señalado por ejercer violencia intrafamiliar, hechos que, según ella, son “ampliamente conocidos y documentados”.

“Nombrarlo en un alto cargo público alienta una cultura machista y es tolerante con la violencia contra la mujer. El machismo mata, no es justificable ni por el abuso de drogas ni por el alcohol. Es inadmisible”, enfatizó Marín, rechazando las declaraciones de Benedetti sobre su rehabilitación por consumo de sustancias como excusa para sus actos.

La petición de la defensora coincidió con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese mismo día, Benedetti anunció su posible vinculación al Gobierno como asesor, información que no ha sido confirmada por el presidente Petro. “¿Qué mensaje se enviaría al país en una fecha tan simbólica si se llegara a nombrar a Benedetti?”, cuestionó Marín, reafirmando que los altos cargos del Estado deben estar ocupados por personas comprometidas con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

El debate sobre el posible nombramiento de Benedetti continúa, generando críticas desde diferentes sectores, incluidos congresistas y figuras cercanas al Gobierno, quienes consideran que su retorno a un cargo público es incompatible con las políticas de protección a las mujeres que promueve la actual administración.