Por: Pablo Bustamante
Colombia necesita autoridad, no ambigüedad. La llamada “paz total” del gobierno de Gustavo Petro ha terminado enviando un mensaje equivocado: la autoridad se doblega y la sanción se negocia.
Lo ocurrido en la Cárcel de Itagüí, donde el cumplimiento de la pena parece diluirse entre privilegios, artistas y fiestas, no es un hecho aislado; es el reflejo de una política que ha confundido la firmeza con la permisividad.
A esto se suma una señal aún más preocupante: el levantamiento de órdenes de captura a integrantes de estructuras criminales en el marco de esta política. Más allá de la justificación jurídica que se intente dar, y aunque ya revocaron algunas, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: delinquir no tiene consecuencias negativas. Y cuando el castigo deja de ser cierto, el sistema pierde credibilidad.
La paz no se construye relativizando la ley. Se construye sometiendo al delincuente al imperio de la ley y a la autoridad del Estado. Cuando eso no es claro, el incentivo se invierte: quien obra bien pierde, quien delinque gana.
El país debe corregir el rumbo con un principio simple y no negociable: apoyo y oportunidades para quien construye y hace las cosas bien; persecución efectiva y consecuencias reales para quien no; así de simple. Sin ese equilibrio, nunca habrá paz ni prosperidad, solo desorden con discurso.
La conclusión es clara y para las nuevas generaciones el mensaje es devastador: ¿Para qué esforzarse, estudiar, emprender o hacer las cosas bien, si delinquir tiene más beneficios? Este es el mensaje y el resultado de la mal llamada y absurda “paz total”.