El grupo armado ilegal anunció que mantendrá en cautiverio a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. El ministro de Defensa rechazó el hecho y aseguró que el Estado trabajará por su liberación.
El Frente de Guerra Oriental del ELN prolongó el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, luego de someterlos a un supuesto “juicio revolucionario condenatorio”. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen en poder del grupo armado desde hace aproximadamente un año. 
Según la información conocida, el ELN aseguró que Pacheco Oviedo fue condenado a 60 meses de “prisión revolucionaria”, mientras que López Estrada permanecería secuestrado por 55 meses. El grupo ilegal los señaló de pertenecer a organismos del Estado y de realizar presuntas labores de espionaje, acusaciones utilizadas para justificar la prolongación de su cautiverio. 
El anuncio generó rechazo inmediato desde el Gobierno nacional. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció en diálogo con Caracol Radio y calificó el secuestro como un delito. Además, afirmó que el ELN no tiene ninguna legitimidad para impartir justicia ni para mantener privados de la libertad a servidores públicos. 
“El ELN no es ningún organismo del Estado colombiano, todo lo contrario, es una amenaza contra el pueblo colombiano”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa, al advertir que el secuestro puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión. 
Sánchez también aseguró que el Estado no dejará solas a las familias de los funcionarios secuestrados y que las autoridades continuarán trabajando para lograr su liberación.
El caso también provocó reacciones de exfuncionarios de la Fiscalía. El abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, expresó su solidaridad con los servidores judiciales y sus familias, y cuestionó que integrantes de organismos encargados de aplicar la ley terminen siendo perseguidos por estructuras criminales. 
La decisión del ELN de prolongar el cautiverio de los funcionarios vuelve a poner en el centro del debate la práctica del secuestro por parte de grupos armados ilegales y la situación de seguridad de quienes cumplen labores judiciales e investigativas en zonas de influencia criminal.
Mientras las familias esperan respuestas, el Gobierno insistió en que la prioridad es lograr la liberación de los secuestrados y rechazar cualquier intento del ELN de presentar como “justicia” lo que las autoridades califican como un crimen.