Una crisis humanitaria como la provocada en el Catatumbo, donde fueron desplazadas más de 40.000 personas y murieron otras 100, deja al descubierto el poderío económico y militar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización al margen de la ley que buscaba llegar a un acuerdo de paz con el gobierno de turno.
El más reciente informe de seguridad de la Federación Nacional de Departamentos (FND) parece confirmar las advertencias de José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, quien ha denunciado que la financiación de los grupos armados ilegales ha crecido exponencialmente debido a la disminución de la erradicación manual de cultivos ilícitos.
“No hay duda de la relación causal del narcotráfico con la inseguridad que azota al país. Todos los grandes actores violentos financian su violencia con el narcotráfico y sus rentas ilícitas subsidiarias: minería ilegal, extorsión, abigeato, además de la violencia implícita de la corrupción”, afirmó Lafaurie en una columna de opinión el año pasado.
Expansión territorial y aumento de la violencia
Lafaurie también ha señalado el crecimiento del territorio de operaciones de los grupos armados ilegales. Según organizaciones nacionales e internacionales que monitorean el conflicto, estas estructuras tienen presencia en más de 450 municipios del país.
El informe de la FND confirma que actualmente se mantienen activos más de 12 frentes de combate entre organizaciones al margen de la ley, con enfrentamientos en zonas como Norte de Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, Vichada-Guainía, Guaviare-Meta, Pacífico Chocoano, Norte del Cauca, Nariño, Putumayo-Caquetá, La Guajira y Valle del Cauca.
Además, se evidencia un crecimiento sostenido del ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales, quienes recurren al reclutamiento de menores para expandir su influencia y fortalecer su pie de fuerza.
Crisis en el Catatumbo y el debate sobre la paz
Durante la escalada violenta en el Catatumbo, se desplazaron cerca de 40.000 personas, más de 120.000 quedaron confinadas y 100 fueron asesinadas. Esta situación demuestra la creciente amenaza del ELN, grupo que, según Lafaurie, opera como un “narcoterrorista binacional”, actuando en Venezuela como grupo paramilitar aliado del régimen y en Colombia como organización subversiva.
A pesar de esta realidad, el gobierno, a través del comisionado de Paz, insinúa la posibilidad de reactivar las negociaciones con el ELN. Sin embargo, esta idea es vista con escepticismo por diversos sectores, que consideran inviable un proceso de paz con un grupo en plena expansión militar y económica.