Por: Eliana Úsuga
Hay algo más grave que una crisis: acostumbrarse a ella. Y eso es exactamente lo que está pasando con el sistema de salud en Colombia. Filas interminables, citas que no aparecen, especialistas que tardan meses y medicamentos que simplemente no llegan. Enfermarse dejó de ser una contingencia para convertirse en una incertidumbre peligrosa.
El Gobierno de Gustavo Petro prometió transformar el sistema de salud. Pero la realidad que enfrentan millones de colombianos es otra: un deterioro progresivo que ya no admite matices. El desabastecimiento de medicamentos no es un rumor, es una experiencia cotidiana. Las autorizaciones se convierten en laberintos burocráticos y, para muchos, la única salida termina siendo una tutela. Así, el derecho a la salud dejó de ser garantizado para convertirse en una lucha jurídica.
Los datos no son menores. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre el aumento de deudas, el crecimiento de las tutelas y las fallas estructurales en las EPS intervenidas. No se trata de percepciones: es un diagnóstico institucional. A esto se suma una cifra alarmante revelada por la Defensoría del Pueblo, según la cual el 90 % de los pacientes ha recibido medicamentos de manera tardía o incompleta. En cualquier país serio, eso sería un escándalo de primer orden.
En medio de este panorama, decisiones como la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS generan más preguntas que tranquilidad. No solo por los cuestionamientos que arrastra su trayectoria, sino porque reflejan una lógica política en la gestión de una crisis que exige rigor técnico y experiencia probada. La salud no puede seguir siendo terreno de improvisaciones.
Desde las regiones, las alertas también son claras. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido enfático en advertir que la situación de la Nueva EPS agrava la crisis y ha convocado reuniones urgentes con clínicas y hospitales para contener un problema que ya desborda capacidades locales. Cuando los territorios tienen que salir a apagar incendios que corresponden al nivel nacional, algo está profundamente mal.
La discusión de fondo no es ideológica, es humana. Mientras el sistema se tensiona, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de a pie: el paciente que no recibe su tratamiento a tiempo, la madre que no logra una cita para su hijo, el adulto mayor que depende de un medicamento que no llega. En ese contexto, tener medicina prepagada dejó de ser un lujo para convertirse en una tabla de salvación, ampliando aún más la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.
Colombia no solo enfrenta una crisis de salud, enfrenta una crisis de confianza. Cuando el sistema falla en lo esencial —preservar la vida—, todo lo demás se tambalea. Y lo más preocupante es que, mientras se discuten reformas y se toman decisiones cuestionables, el país sigue tocando fondo.
La salud no admite ideologías ni cálculos políticos. O se garantiza, o se pierde. Y hoy, millones de colombianos sienten que la están perdiendo.