El escándalo por presuntos hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín sigue creciendo. Esta vez, las irregularidades salpican al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde la Fiscalía General de la Nación ordenó capturas por contratos cuestionados que superarían los $18.000 millones, firmados entre 2020 y 2021 con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Entre los detenidos está Misael Cadavid Jaramillo, exdirector de ese cuerpo de bomberos de Itagúí, junto a otros exfuncionarios investigados por delitos como peculado por apropiación, celebración indebida de contratos e interés indebido en la contratación.
Las capturas se suman a las denuncias que la actual administración del alcalde Federico Gutiérrez ha venido presentando desde el empalme, cuando se identificaron más de 650 irregularidades, de las cuales 15 estarían relacionadas directamente con el Área Metropolitana.
La directora de la entidad, Paula Andrea Palacio, aseguró que el Área Metropolitana es reconocida como víctima dentro del proceso judicial y que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos:
“Seguimos trabajando de la mano de los organismos de control para recuperar los recursos que son de los ciudadanos. No vamos a permitir que la corrupción se normalice.
Durante la revisión de los contratos y proyectos de la pasada administración, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá encontró una serie de irregularidades que hoy están bajo la lupa de los organismos de control. Entre los hallazgos más graves está una reforma administrativa irregular, con la creación de más de cien nuevos cargos sin estudios técnicos ni concursos, y nombramientos hechos a última hora, incluso antes de la Ley de Garantías.
También se detectaron convenios sin claridad en el manejo de los recursos, como el firmado con la Secretaría de la No Violencia por $1.500 millones, de los cuales no hay soportes sobre su ejecución. A esto se suman indicadores inflados en los informes oficiales, donde se reportaron metas cumplidas al 100 % que en realidad apenas alcanzaron una quinta parte.
El Área además encontró contratos básicos vencidos, lo que afectó la operación de servicios esenciales como la vigilancia, el internet o el transporte interno. Programas emblemáticos como EnCicla quedaron en mal estado, con fallas en el mantenimiento y pérdida de información sobre su funcionamiento.
El Tren del Río, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la región, también sufrió retrasos por falta de los aportes comprometidos en 2022 y 2023. Asimismo, se encontraron contratos millonarios sin soportes ni justificación, como los firmados con las fundaciones Arca y Tenarco, y obras inconclusas que necesitarían más de $100 mil millones para poder terminarse.
La auditoría interna también reveló posibles sobrecostos y una red de contratistas que habrían recibido más de $32 mil millones sin entregar resultados completos. Además, tres computadores institucionales fueron formateados irregularmente, borrando información clave, y se hallaron más de mil trámites vencidos sin atención, junto con fallas en la gestión documental.
Estos hallazgos fueron reportados a los entes de control y, según la nueva dirección, se continuará colaborando con las investigaciones para recuperar los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la entidad.