La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal anunció este lunes que interpondrá una demanda contra el decreto 0799 de julio de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por considerar que vulnera la Constitución y atenta contra la independencia judicial en Colombia.
El decreto habilita que las tutelas interpuestas contra el presidente de la República, incluidas aquellas relacionadas con asuntos de seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto, ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como tribunal especializado, sino por jueces ordinarios de circuito.
“Esto no es una simple medida administrativa. Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, afirmó Cabal en un pronunciamiento que generó inmediata reacción en círculos jurídicos y políticos. Para la senadora, el decreto representa “una amenaza directa al Estado de Derecho” y busca eliminar los contrapesos al poder presidencial.
Cabal advirtió que el presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto, señalando que el artículo 152 de la Constitución establece que toda norma que afecte la administración de justicia debe tramitarse como ley estatutaria, aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional.
“Petro evade el Congreso y rompe la arquitectura institucional con una firma. Aquí el presidente y su ministro de Justicia violan el principio del juez natural. Las tutelas contra el presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado. Ahora, bajo este nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el jefe de Estado”, advirtió.
Para la senadora, esta decisión hace parte de una estrategia sistemática para eliminar los contrapesos institucionales y concentrar el poder: “La Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas. El régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia”.