La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha lanzado duras críticas contra el Ministerio de la Igualdad, revelando un presunto caso de despilfarro de recursos públicos. En una denuncia publicada a través de sus redes sociales, Cabal expuso la existencia de un contrato por cerca de mil millones de pesos destinado exclusivamente a la compra de tiquetes aéreos para funcionarios de dicha cartera.
El contrato, firmado con la empresa Turismo del Morrosquillo, cubre solo cinco meses —del 1 de abril al 31 de agosto de 2025— e incluye trayectos tanto nacionales como internacionales. Las cifras han generado indignación en la opinión pública, especialmente en un contexto donde el Gobierno de Gustavo Petro plantea una nueva reforma tributaria para hacer frente al creciente déficit fiscal.
Cabal cuestionó duramente la existencia de este Ministerio, liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, y lo calificó de “inconstitucional”, en referencia al fallo de la Corte Constitucional que anuló su creación. A pesar de ello, el Ministerio continúa en funcionamiento con un presupuesto que supera el billón de pesos, del cual —según Cabal— solo se ha ejecutado el 1,25 % en los primeros cuatro meses del año.
“El Ministerio de la Desigualdad, como lo llamamos con justa razón, se ha convertido en un gasto burocrático innecesario, sin resultados tangibles y sin legalidad plena. Mientras los colombianos cargan con la inflación, la inseguridad y los impuestos, Francia Márquez y sus aliados se pasean por el país y el extranjero con casi mil millones en tiquetes”, señaló Cabal en sus declaraciones.
En paralelo, Cabal también denunció el reciente Decreto 1047 de 2024, por medio del cual el presidente Petro prohibió la exportación de carbón a Israel. La senadora anunció que el Consejo de Estado ha admitido una demanda de nulidad contra esta decisión, calificándola de “ideológica, unilateral e irresponsable”.
A juicio de Cabal, el decreto vulnera la política exterior tradicional de Colombia y pone en peligro sectores estratégicos como el minero-energético, claves en regiones como La Guajira y Cesar.
La senadora advirtió que esta medida podría tener consecuencias severas sobre el empleo y las exportaciones, además de comprometer la estabilidad diplomática del país.