El Gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton —oficialmente denominada Specially Designated Nationals (SDN) List— administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.
Junto al mandatario colombiano también fueron sancionados su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Todos ellos quedan sujetos a las restricciones establecidas por la Orden Ejecutiva 14059, que autoriza sanciones contra personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel global.
La administración del presidente Donald Trump justificó la medida alegando que existen “indicios de apoyo logístico y financiero de organizaciones narcotraficantes” en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia. Estas declaraciones fueron anticipadas por el senador republicano Bernie Moreno, quien aseguró en una entrevista con Fox News que “en Colombia hay un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga” y prometió acelerar las investigaciones sobre el caso.
La sanción implica que todos los bienes y activos de los señalados en territorio estadounidense quedan congelados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos.
El Departamento de Estado recordó que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, con 253.000 hectáreas de cultivos de coca registradas en 2023, equivalentes a dos tercios del total global, según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En ese mismo año, el país produjo alrededor de 2.600 toneladas de cocaína.
Washington ha criticado duramente la estrategia antidrogas de Petro, basada en la sustitución de cultivos ilícitos y la política de Paz Total, la cual ofrece beneficios jurídicos y suspensión de órdenes de captura a grupos armados que muestren voluntad de desmovilización. Para la Casa Blanca, esta política “favorece a estructuras narcoterroristas bajo el pretexto de la reconciliación”.
Tras conocerse la sanción, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que las consecuencias eran previsibles.
“Las razones que llevaron a Petro, Benedetti y su familia a la Lista Clinton. Pactar con criminales, no perseguir el narcotráfico y evitar las extradiciones trae consecuencias”, escribió Cabal, en una clara crítica al manejo del Gobierno frente a la seguridad y la justicia.
Su declaración se suma a una ola de reacciones políticas que exigen explicaciones al Ejecutivo y a los organismos de control sobre las presuntas relaciones del mandatario con estructuras ilegales.
Las relaciones entre los gobiernos de Petro y Trump ya venían deteriorándose por los roces en materia de seguridad y por el respaldo del presidente colombiano a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano señalado de encabezar el Cartel de los Soles.
El mandatario colombiano reaccionó desde la Casa de Nariño durante un Consejo de Ministros, asegurando que las sanciones “se basan en señalamientos sin fundamento”.
“Ahora debo recordar el hilo que me ha conducido hasta este palacio y que actualmente me tiene al borde de ser juzgado como narcotraficante por el señor Trump y sus jueces, quienes considero son independientes de él”, declaró Petro.
Por su parte, el ministro Armando Benedetti —también sancionado— señaló que la decisión “responde a intereses políticos y no judiciales”, aludiendo a sus recientes críticas contra la administración Trump.
Con esta decisión, tanto el presidente Petro como sus familiares y funcionarios cercanos quedan vetados de operar en el sistema financiero estadounidense. Bancos y empresas internacionales con vínculos en EE. UU. deberán bloquear cualquier activo o transacción relacionada con los sancionados.
La medida marca un precedente sin antecedentes recientes en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, y supone un golpe diplomático y político de gran magnitud para el gobierno de Petro, que ha sostenido una posición crítica frente a la política antidrogas de Washington.