Tras 18 días de angustia y silencio, la familia de Lyan —el menor que fue secuestrado por un grupo ilegal— rompió su silencio en una entrevista con La FM, revelando detalles dolorosos del proceso que enfrentaron para lograr su liberación. La principal acusación: el Estado no intervino de manera efectiva y, por el contrario, les insinuaron pagar un rescate.
El tío del menor, médico de profesión, relató el viacrucis que vivieron desde el primer momento del secuestro. Aunque se adelantaban supuestas labores de inteligencia, no veían avances reales. “El proceso de rescate era complejo, nos decían, porque el niño podía salir lastimado y que la planeación requeriría meses”, contó.
Lo más alarmante, según su testimonio, fue que funcionarios estatales les sugirieron considerar el pago como opción para salvar al niño. Sin alternativa y sin respaldo, la familia se vio obligada a endeudarse para cumplir con la exigencia de los secuestradores. “Nos dejaron endeudados”, aseguró.
La familia, propietaria de una joyería, cree que fue víctima de un señalamiento erróneo alimentado por la exposición en redes sociales. “Tenían una información totalmente errónea de nosotros. Por el tema de redes tenían que reflejar que si venden oro, tienen oro. Pero no es que todo el oro que esté en la joyería sea de ellos”, explicó el tío.
El rescate del menor no fue obra de una operación estatal. Fue una prima quien tomó la iniciativa de acercarse a los captores y negociar directamente. “Fue ella la que pudo ir a hablar y negociar con ellos. El Estado no negoció, no lo vimos. Finalmente, gracias a eso pudimos rescatar a mi sobrino, pero fue por algo totalmente extorsivo”, sentenció.
El familiar fue tajante: “Sentí el abandono del Estado”. Además, reiteró que su familia no tiene vínculos con el narcotráfico ni deudas pendientes, y que hasta hoy no comprenden por qué fueron víctimas de este secuestro.