El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que interpondrá una acción popular contra el Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, responsabilizándolo directamente del colapso hospitalario que hoy afecta a millones de usuarios.
La ciudad declaró oficialmente la emergencia hospitalaria, y el mandatario local hizo un llamado a la unión nacional: invitó a alcaldes, gobernadores, hospitales públicos y privados, entidades de salud, universidades y ciudadanos a sumarse a la demanda para exigir que el Estado garantice el derecho fundamental a la salud “Estamos sosteniendo a pulso nuestra red hospitalaria y defendiendo cada vida; no vamos a permitir que la gente muera haciendo fila mientras otros hacen política”, manifestó Gutiérrez.
Según el alcalde, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, ha incumplido sus obligaciones con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales solo están pagando una fracción mínima de lo que deben a los hospitales. “Por ejemplo, el Hospital General de Medellín facturó en abril 18 mil millones de pesos y solo le cancelaron 1.100 millones”, denunció.
En paralelo, las filas frente a dispensarios como Audifarma en ciudades como Bogotá y Cali son cada vez más frecuentes. Pacientes como Diana García, madre de un niño con discapacidad mental severa, deben recorrer farmacias en busca de medicamentos agotados, mientras el Estado y los privados se culpan mutuamente por la escasez. García asegura haber recibido las pastillas para su hijo solo una vez en lo que va del año. “Mi hijo está todo moreteado, está mordido, está vuelto nada”, relató, entre la impotencia y el cansancio.
Las cifras confirman la magnitud del colapso: la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) calcula un desfase financiero de más de 20 billones de pesos entre 2023 y 2024. Por su parte, Fenalco advirtió la semana pasada que la deuda con los dispensarios farmacéuticos supera los 4 billones de pesos, lo que ha reducido drásticamente los inventarios y disponibilidad de medicamentos esenciales como los antihipertensivos o tratamientos para el colesterol alto.
El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha dicho que su gobierno no asumirá las deudas privadas. “Las aseguradoras de salud deben saldar sus propias cuentas con clínicas y hospitales, o se liquidan”, afirmó en una reunión de gabinete televisada en marzo. Petro, quien ha promovido una reforma sanitaria con mayor intervención estatal, ha tenido sus principales proyectos frenados por las cortes y el Congreso, y ahora apuesta por medidas unilaterales, entre ellas la intervención directa de EPS como Sanitas y Nueva EPS, que hoy suman más del 60 % de afiliados del país.
La Corte Constitucional, por su parte, ha declarado insuficiente la fórmula de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), obligando al Gobierno a corregir el modelo de financiación del sistema. Pero hasta ahora, no ha habido medidas concretas para cumplir ese fallo. “El hecho de que el gobierno sea tan abiertamente combativo con la Corte ha enviado una señal de que esto no va a mejorar”, advirtió Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins.
Ante esta situación, la Alcaldía de Medellín ha hecho una inversión histórica de 300 mil millones de pesos para sostener su red pública de salud, compuesta por Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Solo al Hospital General se le adeudan actualmente 128 mil millones de pesos, y a Metrosalud otros 32 mil millones.
Como medida de choque, la ciudad reforzó el Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA), que ha gestionado más de 300.000 citas médicas en los últimos dos años. También ha dispuesto la intervención del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) para garantizar la atención en casos críticos ante la saturación del sistema.
Finalmente, Gutiérrez insistió en que no se trata de un tema partidista, sino de derechos humanos: “Detrás de cada factura está una persona, un niño, una mamá, un adulto mayor que necesita la atención. Nosotros como ciudad estamos haciendo nuestra parte, pero no nos vamos a quedar callados mientras otros se lavan las manos con el desastre que están generando”.
La crisis no da tregua y el país enfrenta un riesgo inminente de colapso sanitario. Las voces ciudadanas, los líderes locales y el sistema judicial serán determinantes en lo que podría convertirse en una de las batallas más grandes por la salud pública en la historia reciente de Colombia.