El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó una visita técnica al corregimiento San Cristóbal para verificar el avance de la nueva Cárcel para Sindicados, una obra que busca resolver el crítico hacinamiento en estaciones de Policía y centros de detención transitoria.
Actualmente, el proyecto registra un avance del 9 %. En el terreno ya se ejecutan excavaciones, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas. La inversión asciende a $675.000 millones bajo el modelo de asociación público-privada, con pagos programados entre 2027 y 2038.
La infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, distribuidas en seis pabellones. Incluirá un pabellón especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida, además de áreas de sanidad, atención jurídica, formación, visitas familiares y un centro de control con tecnología de vigilancia permanente.
“Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, aseguró el mandatario, al explicar que el centro estará destinado exclusivamente a personas sindicadas, es decir, que aún no han sido condenadas, y contará con un enfoque de reinserción social.
La urgencia es evidente. A febrero de 2025, el hacinamiento en estaciones de Policía de Medellín alcanza el 123 %. Casos como Candelaria —diseñada para 75 personas y con 304 detenidos—, Laureles —con capacidad para 30 y ocupación de 104— y Belén —para 20 y con 115 personas privadas de la libertad— reflejan la presión sobre el sistema.
Según la Alcaldía, la nueva cárcel permitirá descongestionar estos espacios y cumplir estándares internacionales como las Reglas Mandela, garantizando condiciones dignas, acceso a salud, educación, formación técnica y atención psicosocial orientada a reducir la reincidencia.
El proyecto también tendrá impacto económico en la zona: actualmente vincula a 297 trabajadores y la meta es llegar a 500 empleos en 2026, superando metas de contratación local y femenina. Además, contempla compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas e inversión social concertada con la comunidad.
La Administración Distrital anunció que continuará el seguimiento permanente a la obra y a la estructuración del modelo de operación, en articulación con el concesionario y las autoridades competentes.
Con esta infraestructura, Medellín busca fortalecer su capacidad institucional, cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación de los sindicados y avanzar hacia un modelo de seguridad que combine control, legalidad y oportunidades reales de resocialización.