En un pronunciamiento el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó este 11 de julio una medida cautelar de alcance nacional que busca frenar la crisis del sistema de salud colombiano. La decisión responde a una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes alertaron sobre el riesgo que enfrenta la vida de los ciudadanos ante la parálisis de los servicios médicos.
El fallo, liderado por el magistrado Jaiver Camargo Arteaga, ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que, en un plazo máximo de 30 días, realicen todas las gestiones necesarias para saldar la cartera vencida con hospitales públicos y privados de Medellín, garantizando así el flujo de recursos para el acceso oportuno y eficiente a la salud.
La medida cautelar se da en medio de un panorama crítico. Según la Contraloría General de la República, la deuda del sistema de salud asciende a 32,9 billones de pesos a diciembre de 2024. Esta situación ha generado la suspensión de servicios, cancelación de cirugías, desabastecimiento de medicamentos, saturación de urgencias y millonarias deudas con proveedores y trabajadores de la salud, comprometiendo directamente la vida de los pacientes.
Federico Gutiérrez calificó la decisión como un “fallo histórico” y señaló que constituye una respuesta directa a las omisiones del Gobierno Nacional, que, según él, “han hecho todo por asfixiar el sistema de salud y generar una crisis sin precedentes”. El alcalde invitó a mandatarios locales y regionales de todo el país a sumarse a esta acción judicial para proteger el derecho colectivo a la salud. En sus palabras, “nadie está por encima de la ley, y en este asunto está de por medio la vida de las personas”.
La orden judicial vincula al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas, exigiéndoles garantizar el pago oportuno de las deudas acreditadas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Además, las entidades deberán presentar un informe de cumplimiento dentro del plazo de 30 días.
El Tribunal advirtió que la insostenibilidad financiera del sistema se agrava con 16 EPS en problemas de liquidez y el 89 % de los afiliados en entidades que no cumplen con los requisitos financieros mínimos. Con esta decisión se busca evitar el colapso operativo de la red hospitalaria y garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Gutiérrez concluyó haciendo un llamado a la unión: “Cuidemos el país juntos”, afirmó, insistiendo en la urgencia de actuar de manera inmediata para salvaguardar la vida de millones de personas que dependen de un sistema hoy al borde del colapso.