En un hecho de alto impacto institucional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que radicó una solicitud formal ante la Corte Constitucional pidiendo la suspensión inmediata del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró un supuesto “Estado de Emergencia Económica y Social”.
Según explicó el mandatario esta acción busca impedir que el presidente Gustavo Petro “haga y deshaga a su antojo” mediante decretos, asumiendo funciones que corresponden constitucionalmente al Congreso de la República.
“Como Alcalde de Medellín he radicado una solicitud ante la Corte Constitucional (…) pidiendo suspender el decreto de la supuesta ‘emergencia económica’ con el que Petro quiere hacer y deshacer a su antojo, asumiendo las funciones del Congreso”, afirmó Gutiérrez.
Medida cautelar urgente: freno inmediato mientras llega el fallo de fondo
La solicitud presentada por el alcalde no se limita a una crítica política: se trata de un recurso jurídico con argumentos constitucionales, sustentado en una solicitud de medida cautelar urgente, es decir, una herramienta que permitiría suspender los efectos del decreto de inmediato, mientras la Corte toma una decisión definitiva.
De acuerdo con el documento radicado ante la Sala Plena, el alcalde solicita la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, al considerar que se trata de un acto “abierta y manifiestamente inconstitucional”.
En el texto, el alcalde actúa en su calidad de autoridad territorial “para cumplir y hacer cumplir la Constitución” y proteger a los ciudadanos que pueden resultar afectados por decisiones del Gobierno Nacional.
Más allá del debate económico, el alcalde pone sobre la mesa un asunto clave: el equilibrio democrático.
En su solicitud, advierte que el decreto de emergencia altera transitoriamente la distribución ordinaria del poder entre las ramas del Estado y puede convertirse en una vía para que el Ejecutivo gobierne sin el control del Congreso.
El argumento del alcalde se apoya incluso en jurisprudencia reciente, señalando que la Corte Constitucional tiene el deber de actuar oportunamente para evitar que actos inconstitucionales produzcan efectos irreparables.
En otras palabras: no se trata de una pelea política, sino de una defensa directa del Estado de Derecho.
Impuestos desde el 1 de enero: el golpe al bolsillo ciudadano
Uno de los puntos más sensibles del mensaje del alcalde fue el impacto inmediato que esta “emergencia” tendría sobre la economía de los colombianos.
Gutiérrez señaló que dentro de este estado excepcional, el Gobierno emitió “el decretazo” de una reforma tributaria el 29 de diciembre y que desde el 1 de enero ya se estarían imponiendo impuestos, afectando la capacidad adquisitiva de la gente.
Este enfoque ubica al alcalde en una posición clara: defensa del ciudadano común, de los trabajadores y de la economía popular, evitando cargas tributarias impuestas sin debate democrático.
Convocatoria nacional: alcaldes, gobernadores y gremios
El alcalde también lanzó una invitación a otros sectores del país: “Invito a ciudadanos, gobernadores, alcaldes de otras ciudades, empresarios y gremios a adherirse a esta solicitud”.
Este mensaje tiene un peso político y social importante: plantea que el debate no debe quedarse en Medellín ni en un solo actor, sino convertirse en un frente nacional por la institucionalidad, donde mandatarios regionales y sectores productivos puedan unirse para defender el orden constitucional.
Federico Gutiérrez dejó claro que confía en la Corte Constitucional como garante del equilibrio democrático: “Confío plenamente en nuestras instituciones, en la justicia y en la Corte Constitucional”.
El documento radicado insiste en que la suspensión es necesaria para evitar que el decreto produzca efectos financieros irreversibles mientras se decide el fondo del asunto.
Con esta acción, el alcalde de Medellín proyecta una imagen de liderazgo firme, sereno y con sustento jurídico: no se limita a denunciar, sino que activa los mecanismos constitucionales para detener lo que considera un abuso de poder.
Su intervención ante la Corte no solo busca frenar un decreto, sino enviar un mensaje claro: Colombia no puede normalizar que se gobierne por emergencia para imponer reformas sin pasar por el Congreso