El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron con dureza la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados al proceso de paz urbana. Ambos mandatarios advirtieron que la medida no solo debilita la justicia, sino que podría tener efectos graves sobre la seguridad y el ambiente electoral en Antioquia.
El pronunciamiento de los dos dirigentes se produjo luego de que se conociera la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, con la que se otorgó ese beneficio a los jefes criminales, de los cuales siete ya se encontraban en libertad.
Federico Gutiérrez aseguró que la medida constituye “un insulto a las víctimas y a Medellín” y señaló directamente al Gobierno nacional de favorecer a estructuras criminales. Según el alcalde, la suspensión de capturas sería una maniobra con trasfondo político en vísperas de las elecciones presidenciales.
Gutiérrez sostuvo que con esta decisión se estaría buscando facilitar la interferencia de grupos criminales en la campaña presidencial, particularmente para favorecer a sectores que representan la continuidad del actual gobierno. También advirtió que esas estructuras siguen vinculadas a delitos como homicidio, extorsión, explotación sexual de menores y narcotráfico.
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que la suspensión de las órdenes de captura representa una amenaza directa para la seguridad del departamento. El mandatario subrayó que no se trata de actores menores, sino de hombres señalados de participar en homicidios, extorsiones, desapariciones y narcotráfico, y alertó que otorgarles margen de movilidad abre la puerta a un posible reacomodo criminal en la región.
Las declaraciones de ambos mandatarios refuerzan la preocupación que ha generado en Medellín y Antioquia la continuidad del proceso de paz urbana bajo estas condiciones. La principal crítica apunta a que, mientras oficialmente se presenta como una estrategia de diálogo, en la práctica la decisión reduce la presión judicial sobre cabecillas de organizaciones que durante años han ejercido control territorial y sembrado miedo en los barrios del Valle de Aburrá. Esta última es una lectura periodística basada en los hechos y reacciones reportadas.
Entre los beneficiados por la suspensión aparecen nombres de alto perfil criminal como alias Carlos Pesebre, Douglas y Tom, junto con otros jefes de estructuras ilegales. El reporte también precisa que siete de los 23 favorecidos ya han recuperado la libertad en los últimos dos años mientras hacían parte de la mesa de paz.
Con esta nueva controversia, la suspensión de capturas a cabecillas criminales deja de ser solo una discusión judicial y se convierte en un choque político de alto voltaje entre el Gobierno nacional y los principales liderazgos institucionales de Medellín y Antioquia. La tensión crece porque el debate ya no gira únicamente alrededor de la paz urbana, sino sobre sus eventuales costos en materia de seguridad, justicia y confianza democrática.