La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos de la entidad por su presunta participación en la manipulación de los estados financieros entre 2019 y 2022, con el objetivo de mostrar una estabilidad económica ficticia y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Junto a Cardona Uribe fueron acusados Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente Administrativo y Financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de Contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de Cuentas Médicas. El proceso es liderado por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía.
Según la investigación, los exdirectivos habrían ocultado de manera deliberada 3.419.015 facturas correspondientes a deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales dejaron de ser procesadas para alterar la realidad financiera de la EPS.
Esta maniobra permitió presentar ante la junta directiva una imagen irreal sobre las reservas técnicas, costos, ingresos y patrimonio de la entidad. De acuerdo con la Fiscalía, los estados financieros adulterados mostraron utilidades por más de 70.563 millones de pesos, recursos que, presuntamente, se usaron para cubrir obligaciones pendientes y simular solidez, pese a que la EPS acumulaba pérdidas recurrentes.
La información falsa también habría sido entregada a la Superintendencia de Salud para evitar una intervención administrativa y lograr la renovación de la licencia de funcionamiento de la Nueva EPS.
Por estos hechos, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Adicionalmente, al expresidente José Fernando Cardona Uribe se le imputó el delito de peculado por apropiación.
La audiencia preparatoria de juicio fue fijada para el próximo 23 de febrero, mientras continúan las investigaciones sobre el impacto real de estas maniobras en el sistema de salud y en los prestadores afectados.