Fiscalía incauta 141 bienes con presuntos nexos con el ELN, incluyendo una aeronave en Medellín

En un ambicioso operativo, la Fiscalía General de la Nación logró la incautación de 141 bienes que presuntamente pertenecerían a personas vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos activos, distribuidos en varios departamentos como Antioquia, Santander, Córdoba y Cundinamarca, estarían valorados en más de 33.615 millones de pesos.

El operativo afectó una amplia variedad de propiedades, que incluyen:

  • 51 vehículos
  • 24 fincas
  • 41 inmuebles urbanos
  • 7 sociedades comerciales
  • 9 establecimientos de comercio
  • Dinero en efectivo en pesos y dólares estadounidenses

La mayor parte de estos bienes se encuentra en el departamento de Antioquia, lo que resalta la importancia estratégica de esta región en las operaciones del ELN.

Uno de los elementos más llamativos del operativo fue la incautación de una aeronave identificada con la matrícula HJ225, ubicada en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, de Medellín. Según los registros de la Aeronáutica Civil, el avión es un monomotor marca IBIS modelo Magic-XP y pertenece a un hombre identificado como Stiven Castaño Pino.

Aunque la aeronave fue ofrecida en venta hace más de cuatro años según publicaciones en redes sociales, la Fiscalía aún investiga su posible uso dentro de las actividades ilícitas del Comando Especial Urbano del ELN.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas como:

  • Cobros de extorsiones
  • Ejecución de secuestros
  • Explotación ilegal de minerales

La investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, señala que los 141 bienes afectados formarían parte de una red operada por al menos 25 personas, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Golpe económico al ELN

La Fiscalía destacó que este megaoperativo busca asestar un golpe significativo a las finanzas del grupo armado, afectando su capacidad de operación en áreas urbanas y rurales.

Con estos resultados, el ente acusador refuerza su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales y la recuperación de bienes adquiridos de manera ilícita. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer los nexos de los involucrados y ampliar las afectaciones a esta red.