Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en los pagos de la prima de mitad de año a docentes oficiales. Según el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), las inconsistencias detectadas podrían superar los $260.000 millones y comprometer la sostenibilidad del sistema prestacional.
La alerta surgió tras una revisión técnica y jurídica adelantada desde noviembre de 2025, en la que se analizaron los desembolsos realizados. De acuerdo con el informe, más de la mitad de los pagos evaluados presentaban inconsistencias.
Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con pagos efectuados sin respaldo legal. El Fomag precisó que 4.405 desembolsos, por un valor superior a los $83.082 millones, fueron realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho a la prima, lo que representa un posible detrimento patrimonial.
La auditoría también identificó pagos a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales. Entre los casos señalados figuran personas con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones por fuera del rango permitido y mesadas que superaban los topes establecidos, lo que evidencia fallas en los mecanismos de verificación.
Otro de los puntos críticos detectados fue el manejo de la información. Según el boletín oficial, en septiembre de 2025 se entregó una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado particular sin autorización, situación que, según el análisis interno, habría facilitado la promoción fraudulenta de demandas contra el Fondo.
Además, el informe advierte que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto interno que modificó la interpretación jurídica sobre la prima sin que existiera una reforma legal ni una sentencia de unificación que lo respaldara. Este cambio habría generado decisiones administrativas con impacto financiero significativo.
El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, aseguró que la denuncia no está dirigida contra los docentes, sino que busca proteger los recursos públicos y garantizar transparencia. “El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos, sino para evitar perjuicios económicos y garantizar total transparencia en el manejo de recursos”, afirmó.
El Fondo indicó que continuará fortaleciendo sus controles internos y colaborando con las autoridades para determinar si existieron conductas punibles o responsabilidades disciplinarias dentro del sistema prestacional docente. Mientras avanza la investigación, el caso pone bajo escrutinio la gestión de uno de los fondos más sensibles para el sector educativo del país.