La indignación ciudadana estalló en Itagüí, Antioquia, luego de que se hiciera público el caso de un conductor sancionado por una cámara de fotodetección tras circular a solo 38 km/h en una zona comercial donde, según el Código Nacional de Tránsito, el límite legal es 50 km/h. El comparendo, impuesto con base en un límite arbitrario de 30 km/h, desató una ola de denuncias por lo que muchos consideran una estrategia recaudatoria injustificada de la Alcaldía.
La denuncia, viralizada en redes sociales, ocurrió en la carrera 52 con calle 85, barrio Santa María. El tramo, que no es ni residencial ni escolar, fue aparentemente intervenido con una reducción de velocidad sin justificación técnica o legal clara.
En respuesta a la presión social, la Alcaldía de Diego Torres Sánchez se vio obligada a suspender temporalmente los cobros en tres cámaras específicas, aunque los ciudadanos denuncian que hay al menos nueve dispositivos distribuidos en el municipio, con una densidad sin precedentes: una cámara cada 2,34 kilómetros cuadrados, la más alta del país.
¿Fotomultas para recaudar, no para prevenir?
El abogado Mauricio Flórez, líder de la Veeduría de Movilidad del Valle de Aburrá, denunció que la instalación de estos equipos no cumpliría con los criterios legales establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Solicitamos que se explique por qué se pidió autorización para una cámara que multa a quienes circulan a más de 30 km/h, cuando no se cumplen las condiciones para aplicar esa reducción”, advirtió Flórez.
La respuesta del alcalde fue limitarse a suspender temporalmente los cobros en los siguientes puntos:
- Carrera 52 con calle 85 (Santa María)
- Carrera 52D con calle 63 (cerca del Parque del Artista)
- Carrera 49 con calle 59 (zona centro)
Sin embargo, no se habló de sanciones a funcionarios responsables, ni de la devolución del dinero a quienes ya pagaron comparendos en condiciones similares.
Un sistema que genera más dudas que seguridad
Aunque la administración local sostiene que las cámaras buscan reducir la accidentalidad, cada vez más voces ciudadanas aseguran que se están utilizando como instrumentos de cobro disfrazados de seguridad vial. El hecho de que estas cámaras estén ubicadas en zonas de alto tránsito comercial —no en puntos críticos por accidentes— refuerza la percepción de que su verdadera función es recaudar, no prevenir.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos continúan recibiendo notificaciones por supuestas infracciones en condiciones cuestionables, y exigen que se investigue a fondo la legalidad de estas sanciones.