El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, anunció que interpondrá una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspende las órdenes de captura de 23 cabecillas delincuenciales que han operado en el departamento.
El anuncio se dio al término de un Consejo de Seguridad Metropolitano, en el que participaron alcaldes y delegados de municipios del Valle de Aburrá y de Rionegro. Según el mandatario, la decisión de la Fiscalía es ilegal, pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y afecta el ambiente de cara a la próxima contienda electoral.
Andrés Julián aseguró que la Gobernación de Antioquia, junto con las alcaldías del Valle de Aburrá, radicará la acción judicial el próximo lunes de Pascua, una vez finalice la vacancia judicial, y solicitará la suspensión de la resolución.
Durante su pronunciamiento, el gobernador cuestionó con dureza la medida y advirtió que permitir la suspensión de órdenes de captura contra personas ya condenadas envía un mensaje equivocado frente a la lucha contra la criminalidad. También señaló que esta decisión revive una política de “paz total” que, a su juicio, ha fracasado.
Además, hizo un llamado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que reconsidere la decisión y no abandone a las víctimas de delitos como extorsión, tortura y homicidio, atribuidos a estas estructuras criminales.
En el Consejo de Seguridad también estuvieron presentes el alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, y el alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, además de delegados de otros municipios del área metropolitana. Las autoridades coincidieron en señalar que la decisión del Gobierno nacional va en contravía de las medidas de seguridad que se vienen implementando en los territorios.
El alcalde de Itagüí expresó su preocupación por los efectos de la medida y afirmó que no solo se pone en riesgo la vida de policías, jueces y fiscales que participaron en los procesos judiciales, sino también la de víctimas, testigos y cooperantes.
Por su parte, el gobernador insistió en que no tiene sentido hablar de un eventual sometimiento a la justicia cuando se trata de personas que ya fueron condenadas. También advirtió sobre la falta de garantías para verificar que estos cabecillas no retornen a actividades delictivas.
Finalmente, Andrés Julián sostuvo que este tipo de decisiones debieron ser consultadas con las autoridades territoriales y reiteró que no se pueden aceptar medidas que debiliten las instituciones y comprometan la seguridad de las comunidades.