El reciente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado ha desatado una fuerte reacción del Gobierno. En respuesta al bloqueo legislativo, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a la movilización ciudadana, asegurando que el Congreso impide la implementación de los cambios aprobados en las urnas en 2022.
En este contexto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el próximo 18 de marzo se realizará una jornada de marchas en respaldo de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. “El pueblo colombiano debe salir a defender sus derechos en las calles”, afirmó Sanguino, quien detalló que la convocatoria está dirigida a trabajadores, indígenas, campesinos y otros sectores sociales.
Las protestas se enfocarán en exigir la aprobación de la reforma laboral y la reforma a la salud, dos proyectos que el Gobierno considera esenciales para garantizar condiciones laborales dignas y mejorar el acceso a los servicios de salud en el país. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, las movilizaciones son la estrategia para contrarrestar la resistencia política en el Congreso. “Frente al cerco institucional, vamos a apelar a la calle”, sostuvo Benedetti, alineándose con la postura de Petro, quien advirtió sobre una posible ruptura en el diálogo con el Legislativo si continúan los bloqueos a sus iniciativas.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) justificó su respaldo a las movilizaciones, argumentando que la reforma laboral busca restituir derechos perdidos desde hace más de dos décadas y revertir la precarización del empleo. Francisco Maltés, presidente de la CUT, enfatizó la importancia de la movilización como herramienta de cambio social. “Es el momento de defender los avances sociales por los que hemos luchado. La historia nos demuestra que la movilización es el motor del cambio”, declaró.
El calendario de protestas se extenderá hasta mayo e incluirá jornadas clave como el 31 de marzo, el 9 de abril y el 1 de mayo, fechas significativas para la agenda social y de derechos humanos en el país. Ante este panorama, el pulso entre el Gobierno y el Congreso se intensifica, mientras la ciudadanía se prepara para un nuevo ciclo de manifestaciones en defensa de las reformas sociales.