El Gobierno Nacional advirtió que los $8 billones proyectados para atender la emergencia económica declarada por las lluvias en ocho departamentos podrían no ser suficientes. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la presentación de cinco decretos regulatorios que buscan financiar la atención de la crisis.
En un consejo de ministros se expusieron las medidas, que aún están pendientes de la firma de un integrante del gabinete para su numeración y publicación oficial. El jefe de la cartera de Hacienda no descartó que, ante la magnitud de la emergencia, sea necesario adoptar nuevas decisiones para aumentar el recaudo.
Uno de los principales decretos crea un impuesto al patrimonio empresarial para financiar gastos del Presupuesto General de la Nación. Según explicó Nohra Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el tributo aplicará en 2026 a personas jurídicas con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de este año. La tarifa será diferencial: las empresas del sector financiero y mineroenergético pagarían el 1,6 %, mientras que las demás compañías tributarían el 0,5 %.
Durante la sesión también se presentaron dos decretos del Ministerio de Agricultura orientados a la reubicación de unidades productivas agropecuarias afectadas, así como a facilitar financiamiento, acceso a crédito, alivio de pasivos y estrategias de reactivación rural.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente propuso priorizar instrumentos de ordenamiento ambiental y crear un Centro Regional de Monitoreo. Además, las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas impactadas deberán transferir un 2 % adicional de sus ventas brutas de energía durante seis meses, según explicó la ministra encargada Irene Vélez.
Finalmente, el Ministerio de Educación presentó un decreto que contempla ajustes en el calendario académico y medidas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en las zonas afectadas.
El Gobierno insiste en que las decisiones buscan garantizar recursos para atender a las comunidades golpeadas por las lluvias, aunque dejó abierta la puerta a nuevas medidas tributarias si el recaudo estimado no cubre las necesidades de la emergencia.